Cancún (Carlos Águila Arreola).- Pese a suspensiones que concedió la jueza cuarta de distrito de Yucatán, Miriam de Jesús Cámara Patrón, que alcanza todo el Tramo Tres, de Calkiní (Campeche) a Izamal /Yucatán), y que se anunció el “plan de relocalización” de los barrios al paso del Tren Maya en Maya, un burdo desalojo según Indignación, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) emitió su comunicado 35 de 157.

De acuerdo al comunicado —pese a la prohibición judicial— “continuamos los trabajos con paso firme (…) progresamos la preparación del terreno, realizamos avances en infraestructura y armamos piezas fundamentales del proyecto”.

El Fonatur añadió que en mayo se recibieron tres mil 655 toneladas (de acero) en Puerto Progreso (para) los futuros rieles en el Tramo 3. Los empleos generados en los cinco tramos en obra ascienden a 64 mil 503, asentó el comunicado.

En marzo pasado, en tanto, el proyecto insignia de Andrés Manuel López Obrador se cimbró cuando la juez cuarta de distrito de Yucatán otorgó tres nuevas suspensiones definitivas contra la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que aprobó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al Tren Maya.

La asociación civil Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, informó entonces que el fallo se basó en el principio in dubio pro natura: ante la duda sobre la certeza científica de riesgos ambientales se debe resolver a favor de la naturaleza, y porque hay incertidumbre sobre el verdadero impacto del proyecto.

La decisión de la magistrada para conceder las tres suspensiones definitivas a igual número de amparos de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muuch’ Xiinbal, el Colectivo Chuun T’aan Maya e Indignación fue porque “la parte quejosa demostró, al menos indiciariamente (que se deriva de los indicios o se relaciona), su interés legítimo (porque) son moradores de los municipios correspondientes”.

Según explicó Indignación, la decisión de la abogada Patrón Cámara alcanza a todo el Tramo Tres, de Calkiní (Campeche) a Izamal (Yucatán), sobre 172 kilómetros, y “ordena cesar la construcción o cualquier otro que implique deforestación o puesta en riesgo de especies animales y vegetales hasta que haya una sentencia definitiva”.

La jueza consideró que ante la incertidumbre sobre el verdadero impacto del Tren Maya “la balanza de la justicia debe inclinarse a favor de la naturaleza, al considerar que sus obras tienen el potencial de trascender a las postreras generaciones y no sólo a quienes habitan en la zona”.

Las nuevas suspensiones ordenan cesar trabajos, deforestación o puesta en riesgo de especies animales y vegetales; no hacerlo sería un delito que se castigará con multa de 50 (448.10) a 500 veces (44 mil 810) la Unidad de Medida y Actualización (UMA, que es de 89.62 pesos diarios), y de tres a nueve años de prisión.

Esas tres suspensiones definitivas se sumaron a las que en diversos momentos han obsequiado jueces federales en los estados de Campeche, Yucatán y Chiapas, y que exhiben las irregularidades con las que se ha manejado el Tren Maya.

La Oficina en México del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) anunció el “plan de relocalización” de los barrios al paso del ferrocarril en Campeche, “un proceso basado en el consenso (…) y el acceso a una vivienda adecuada”, un desalojo forzoso disfrazado. Acusó Indignación.

ONU-Hábitat México se alquiló con el Fonatur por 5.5 millones de dólares para respaldar el Tren Maya para diseñar el “plan de relocalización”… no hay nada de malo en cobrar por trabajar, el problema está en que se ha hecho uso del emblema de las Naciones Unidas para dar a entender un respaldo cuando en realidad se trata de una relación cliente-contratista.

Ambos, el Fonatur y ONU-Hábitat argumentan que la gente a desalojar de los barrios de La Ermita, Santa Lucía y Camino Real son “personas que invadieron las vías del tren”, cuando es un absurdo: los barrios existen antes del siglo XIX y las vías se colocaron sobre ellos de manera indebida en los años 30 del siglo XX.

La oposición de los barrios contra el desalojo es rampante; son pocas personas las que han aceptado ser reubicadas, muchas por temor a que les hagan “irse por las malas” y sin indemnización; en ese proceso no hay nada consensuado, ya se decidió todo: se haría el Tren Maya contra todo e incluso contra las leyes.