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EN LA OPINIÓN DE:

ENCUESTAS O MANIPULACIÓN

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Por Cliserio E. Cedillo Godínez

Hoy trataremos dos temas importantes, el de la pérdida de control de Tirso Esquivel, candidato a presidente municipal de Puerto Morelos, por el Partido Fuerza por México, quien desesperó ante las preguntas de una reportera independiente y, por otro Lado, las encuestas adelantadas con el único fin de empezar a manipular la intención del voto desde casi dos meses antes de que se lleven a cabo los comicios. Y es que las campañas a diputados federales apenas llevan unos días y de los candidatos y candidatas a las presidencias municipales ni siquiera empiezan.


En el caso de Tirso Esquivel perdió el control ante los representantes de los medios de comunicación, ya que arremetió contra una reportera: la pregunta fue ¿Cuál es su situación legal tras el cateo realizado el día anterior en su casa, ubicada en el municipio Puerto Morelos. El cuestionamiento incomodó al extitular de la Dirección de Desarrollo Urbano del ayuntamiento portomorelense, tanto que objetó a la comunicadora: “¿Para quién escribes?”


De igual forma, en esa rueda de prensa, interrogado acerca de que trabajó por más de cinco años en la Dirección de Desarrollo Urbano de Puerto Morelos, con un salario de 40 mil pesos mensuales, pero compró una casa con un costo de 3 millones y medio de pesos en un fraccionamiento exclusivo, así como que posee un automóvil Mercedes Benz, cuyo precio alcanza el millón y medio de pesos, éste señaló que desde niño trabaja, desde los 10 años de edad. Que tiene una escuela particular en Playa del Carmen y otra en Chetumal, además de una consultora, lo que es digno de considerar.


En la rueda de prensa llevada a cabo en la sede municipal del partido Fuerza por México-Quintana Roo, en Cancún, Esquivel Ávila añadió que, tras el cateo realizado dentro de su casa, este domingo, con respecto al estado de su situación legal, comentó: “Yo soy abogado y me defenderé. Aunque sí tengo miedo a que me maten por la irresponsabilidad de la Fiscalía de Quintana Roo de señalarme en probables ilícitos”.


La razón lógica del cateo realizado en la casa del exdiputado local, exreportero y exfuncionario de derechos humanos, se debe, dicen, a una denuncia por posible enriquecimiento ilícito, lavado de dinero o uso indebido de los recursos públicos, de otro modo no se explica esta acción ordenada por el juez de control, David Montoya Absalón. Y es que, consideramos, si no hubiera bases firmes o legales no emitiría esa orden de cateo, relacionada a un probable homicidio, según la carpeta de investigación FGE/QROO/PTM/UAT/02/06/2021. Pero, hay que darle el beneficio de la duda, pues ya se ha demostrado que no todos los jueces actúan con estricto apego a la Ley. Esperemos que si lo haga en este caso.


Con respecto a las encuestas, a la que consideramos demasiado adelantadas y, por lo mismo, imprecisas, no deben considerarse en serio. Claro que hay respuestas lógicas, como el caso de que Morena designó a Anahí González como candidata por el Distrito 2, con cabecera en Chetumal, la capital del estado, cuando ella es conocida por su trabajo en Cancún.

Y es que, lo increíble, a unos días de iniciadas las campañas a diputados federales, la encuestadora Massive Caller y Elige.Mx, ya adelanta empates técnicos en los distritos 1, con cabecera en Playa del Carmen, y 4, con cabecera en Cancún. Dice que llevan ventaja los candidatos de la alianza con Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT). En tanto que en los distritos 2 y 3 adelanta una ventaja a favor “del López obradorismo”, aunque menosprecia el trabajo de Anahí González en el Sur del estado.


Insistimos, Morena sin López Obtador en las boletas ya no es lo mismo que en las elecciones del 2018 y por tal razón, en este momento, la decisión final es totalmente incierta. Dejemos que los candidatos hagan su trabajo y no adelantemos vísperas, porque entonces desalentamos la participación ciudadana y nos convertimos en manipuladores de la opinión pública.


Sin embargo, hay que reconocer que las encuestan sirven de parámetro a los candidatos, ya la que les dan la oportunidad de corregir errores o sus propias estrategias, sin embargo, para el público es diferente, porque les desalienta el interés, de ahí que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe ser muy estricto en la supervisión del trabajo de las encuestadoras y sus métodos científicos, de otra forma, les daremos la razón a los candidatos, como José Juan Chilón, quien afirma que, en el caso de las encuestas “el que paga manda y no se vale; es un acto deshonesto”.

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EN LA OPINIÓN DE:

LA INTERSECCIONALIDAD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CON CÁNCER  

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“Articulo de Opinion”
Por el Dip. y Lic.Hugo Alday Nieto

La interseccionalidad es un enfoque que se ha desarrollado desde diversos estudios jurídicos y que ha sido introducido de la academia a los órganos jurisdiccionales, en el que se reconoce que, las personas no experimentan la discriminación de manera aislada, es decir, que una persona no solamente recibe acciones discriminatorias solamente desde uno de los posibles puntos vulnerables que pueda identificar el agresor; sino que, esas acciones se pueden disparar desde una posible multiplicidad de características que configuran su identidad.
Dentro de los elementos más comunes tenemos el género, la raza, la orientación sexual, la clase social, la edad, la religión, la discapacidad, las enfermedades llamadas terminales, entre otros. Si estos elementos se cruzan, se refuerzan mutuamente, generan formas particulares provocando mayor vulnerabilidad, mayor discriminación y por tanto, mayor exclusión.
Los movimientos feministas fueron los que más han impulsado el concepto de interseccionalidad, bajo el argumento de que la discriminación y la desigualdad deben analizarse considerando la interacción de múltiples factores y no solo desde una perspectiva única.
En el contexto jurídico mexicano, la interseccionalidad adquiere especial relevancia porque permite identificar y abordar formas agravadas y diferenciadas de discriminación, asegurando que los marcos legales y las políticas públicas reconozcan la complejidad de las experiencias de grupos y personas en situación de vulnerabilidad.
La Tesis Aislada P. VIII/2016 (10a.) establece que la discriminación indirecta puede presentarse incluso en normas aparentemente neutrales, debido a la existencia de relaciones de subordinación y desventajas estructurales históricas que afectan a ciertos grupos. El análisis interseccional es fundamental para revelar cómo diferentes formas de desigualdad y discriminación se superponen y afectan el acceso igualitario a derechos.
DISCRIMINACIÓN INDIRECTA. SU DETERMINACIÓN REQUIERE DE UN ESTUDIO SOBRE LA EXISTENCIA DE FACTORES ESTRUCTURALES O CONTEXTUALES. P. VIII/2016 (10a.) Tesis Aislada. Décima Época. Pleno – Suprema Corte de Justicia de la Nación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I. IUS: 2012596
“La discriminación estructural existe cuando el conjunto de prácticas, reproducidas por las instituciones y avaladas por el orden social, provoca que las personas enfrenten distintos escenarios sociales, políticos, económicos y éticos, y diferentes oportunidades de desarrollo y de consecución de sus planes de vida, debido a su pertenencia a grupos en situación de exclusión sistemática, históricamente determinada. El contexto social adverso que enfrentan las personas pertenecientes a estos grupos puede ser producto de condiciones fácticas de desigualdad -como la carencia de recursos- o de condiciones simbólicas de desigualdad producidas por la ausencia en el discurso social dominante de las concepciones, necesidades o aspiraciones de un grupo en situación de opresión o históricamente desaventajado.”
Interseccionalidad de personas con discapacidad.
Ahora bien, en tratándose de discapacidad, la interseccionalidad emana de la violación al principio de no discriminación por discapacidad y condiciones de salud, así como al derecho a ajustes razonables, en contravención del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformado el 10 de junio de 2011), que establece:
a) Que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
b) El principio pro persona (interpretación que favorezca la protección más amplia).
c) La prohibición expresa de discriminación por discapacidades y condiciones de salud en normas federales y locales.
d) La obligación de todas las autoridades (y, por extensión, de los órganos partidarios en el ámbito de los derechos político-electorales) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Interseccionalidad de personas con cáncer.
La discriminación contra personas con cáncer en México se entiende como cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la condición de salud, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales.
Abordar la discriminación contra personas con cáncer desde una perspectiva interseccional implica también, una multiplicidad de factores que pueden concurrir haciendo más grave la discriminación, como género, discapacidad, condición socioeconómica, edad u origen étnico.
Por ello, el diseño e implementación de políticas públicas, leyes y mecanismos de reparación deben considerar esta complejidad para garantizar la igualdad sustantiva y la protección integral de los derechos lo que incluye la obligación de realizar ajustes razonables en los entornos laborales, educativos y de salud, para asegurar el acceso y la participación plena de las personas con cáncer, conforme a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 44/2009.
En este sentido, la igualdad sustantiva implica que la igualdad no sea solo formal, sino real y efectiva, considerando la concurrencia de múltiples factores de vulnerabilidad (por ejemplo, en mi caso: Cáncer y discapacidad).
El Estado y en este caso los operadores políticos como son los poderes del Estado, los partidos políticos, entre otros, deben adoptar medidas afirmativas y acciones específicas para corregir desigualdades y garantizar la inclusión social, económica y política de quienes estamos en estas condiciones, como habilitar reuniones en entorno virtual, el abastecimiento de medicamento. Claro está, de preferencia no simuladas.
La voz de la no discriminación por interseccionalidad de derechos humanos es una herramienta que debe comenzar a ejercerse cuando quienes deberían observar la norma constitucional, no lo hacen, ya sea por desconocimiento o mera ignorancia.
Aquí la teoría garantista de Luigi Ferrajoli nuevamente nos enseña que, el positivismo jurídico plasmado por este gran filósofo del derecho contemporáneo se ajusta al caso concreto con la basta teoría de los entes constituyentes y constituidos. Con la teoría garantista desde su doble aspecto, por la inclusión de la interseccionalidad en el derecho positivizado de alguna forma y la existencia de órganos que deben cumplir con ese mandado o, en su caso, hacer cumplir ese mandato.
Ya que de no ser así, la discriminación seguirá, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.

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SARGAZO2027/FEDERACION FINANCIARÁ SÓLO EQUIPAMIENTO; EL ESTADO LA OPERACIÓN

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“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo.

• La Cámara de Diputados aprobó para atender el sargazo una cifra histórica de 1,866.9 millones de pesos, pero dejó al estado la carga del diseño, ejecución y costo operativo, de acuerdo al análisis del Observatorio Legislativo de Quintana Roo.

De acuerdo con el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF-2027, que realiza el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, la federación aprobó para la atención del tema del sargazo 1,866.9 millones de pesos, etiquetado exclusivamente para la adquisición de activos o bienes, como embarcaciones y equipamiento.

Esto quiere decir que el estado financiará la parte operativa que incluye entre otros, combustible, tripulación, mantenimiento y logística, lo cual se tendrá que estimar en el Presupuesto de Egresos Estatal de 2027.

En el mismo presupuesto federal PEF 2027, Quintana Roo recibirá una aportación global de 40 mil 248 millones de pesos, de gasto programable, lo cual servirá de base para el presupuesto de egresos estatal que deberá aprobar el Congreso del Estado en las próximas semanas.

Consultando el presupuesto de egresos 2026 de Quintana Roo, aprobado en diciembre de 2025 y publicado en el Periódico Oficial estatal, la aportación federal fue de 43 mil 229 millones de pesos, mientras el estado aportó con ingresos propios no programables, 10 mil 761 millones de pesos, lo cual resultaría en una reducción de casi tres mil millones de pesos en 2027, sin embargo, faltaría confirmar estas cifras globales.

El Observatorio concluye en su boletín 311 que comenzó a circular este 17 de noviembre, que esta inyección para combatir el sargazo es una cifra récord, pero considera que “transfiere la carga del diseño, ejecución y costo operativo a los actores locales”.

DESTINO DEL DNR
Por otro lado, dentro de la reforma a la Ley de Derechos, quedó establecido que para el denominado de DNR, es decir el derecho que se cobra a personas que ingresan al país en calidad de turistas y no residentes, quedó establecido en la cantidad de 1,158 pesos.

El ingreso estimado durante 2027 por este derecho será de 16,963 millones de pesos. La distribución establecida, de acuerdo con el Observatorio Legislativo, quedó de la siguiente manera: A Sedena 57% (9,669mdp), al Instituto Nacional de Migración el 15% (2,544mdp) y a la Tesorería de la Federación 28% (4,750mdp). Usted tiene la última palabra.
ooOoo

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