EU.- El pasado 13 de noviembre, poco después de que se anunciara definitivamente que Joe Biden había ganado las elecciones en Estados Unidos tras llevarse la victoria en Georgia y Arizona, salió la noticia de que la administración Trump había dado una orden ejecutiva para prohibir las inversiones estadounidenses en empresas chinas que considere “propiedad o controladas por el ejército chino”. Fue el primer movimiento político importante de Donald Trump tras perder los comicios.

Desde entonces, Washington ha persistido con sanciones a un Pekín cada vez más autoritario, dentro de uno de los variopintos frentes de la nueva Guerra Fría que el presidente estadounidense pretende dejar caliente cuando su sucesor asuma el cargo el próximo 20 de enero. Al otro lado del Pacífico, China siempre responde a estas sanciones con reciprocidad.

La noticia de este jueves ha sido que Pekín ha revocado las exenciones de visa para los diplomáticos estadounidenses que visiten Hong Kong y Macao. Además, va a imponer sanciones a miembros del Congreso estadounidense, aunque no se desvelaron los nombres.

“China ha decidido tomar medidas contra los funcionarios ejecutivos, congresistas, personal de organizaciones no gubernamentales y sus familiares inmediatos que se han desempeñado mal en asuntos relacionados con Hong Kong”, ha dicho Hua Chunying, portavoz del Ministerio de Exteriores chino. “Al mismo tiempo, China ha decidido cancelar el tratamiento sin visa para visitas temporales a Hong Kong y Macao por parte de titulares de pasaportes diplomáticos estadounidenses”.

El pasado lunes, fue Estados Unidos quien impuso sanciones financieras y la prohibición de viajar al país a 14 vicepresidentes de la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo del país asiático. El motivo argumentado fue el papel de los funcionarios chinos en la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong, que amenaza la autonomía que ha gozado la ex colonia británica desde su anexión a China hace 23 años.

FIN AL TRATO COMERCIAL PREFERENCIAL

Cuatro meses atrás, el Departamento del Tesoro de EEUU anunció sanciones económicas contra Carrie Lam, jefa del Gobierno de Hong Kong, y contra otros diez altos cargos ciudad. “Estados Unidos defiende al pueblo de Hong Kong y usaremos nuestras herramientas y autoridad para perseguir a aquellos que socavan su autonomía”, dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro estadounidense. La sanción contra Lam versaba en su “responsabilidad directa en implementar las políticas de Pekín de supresión de la libertad y los procesos democráticos”.

Tan sólo dos meses antes, Trump ya había tensado aún más las relaciones bilaterales, con Hong Kong de nuevo en el foco, firmando una orden para poner fin al trato comercial preferencial para la ex colonia. “Hong Kong será tratado igual que China continental. Sin privilegios especiales, sin tratamiento económico especial, y sin exportación de tecnologías sensibles”, dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

La orden suponía la suspensión de las exportaciones de armas, los acuerdos de extradición y la transferencia de prisioneros. E incluía la eliminación del trato preferencial para los titulares de pasaportes de Hong Kong que traten de ir a Estados Unidos.

Trump también firmó un proyecto de ley aprobado por el Congreso para penalizar a los bancos que hacen negocios con funcionarios chinos que participen en la aplicación de la nueva ley de seguridad. Desde Pekín ya avisaron entonces de que tomarían todas las “medidas necesarias para imponer sanciones contra instituciones e individuos estadounidenses relacionados para proteger los intereses legítimos”