“Rafael Caro Quintero y sus años de narcotráfico han puesto en peligro y costado vidas estadounidenses, dijo el secretario Steven T. Mnuchin.

Asegurando el secretario que el Tesoro, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y otras agencias, se comprometen a atacar a Caro Quintero hasta que sea llevado ante la justicia.

Una de las principales prioridades de la DEA en este momento es llevar a Rafael Caro Quintero ante la justicia. Pues fue responsable de la brutal tortura y muerte de un agente especial de la DEA en 1985, por lo que la agencia advirtió que no descansará hasta que sea detenido.

Según lo dicho por el administrador interino de la Administración de Control de Drogas, Timothy J. Shea, “el narcos de narcos” como también es conocido, continúa dirigiendo un cartel importante que contrabandea drogas a este país. Apuntar a sus asociados y estructura de apoyo es crucial para sofocar su empresa criminal de una vez por todas.

“La acción de hoy por parte del Tesoro es un paso importante en nuestra misión conjunta de desarticular, desmantelar y destruir las organizaciones violentas de narcotráfico y llevar a Caro Quintero ante la justicia

El presidente identificó a Caro Quintero como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin en 2000. El narcotraficante comenzó su carrera criminal a fines de la década de 1970 cuando cofundó el cartel de la droga de Guadalajara y amasó una fortuna ilícita.

Fue declarado culpable y enviado a prisión en México por su participación en el asesinato del agente especial Camarena. Mientras estuvo en prisión, Caro Quintero mantuvo sus relaciones con organizaciones mexicanas de narcotráfico y utilizó una red de familiares y testaferros para lavar su fortuna ilícita invirtiendo en empresas y proyectos inmobiliarios aparentemente legítimos en Guadalajara.

El 9 de agosto de 2013, Caro Quintero fue liberado de una prisión mexicana con 12 años restantes de su sentencia de 40 años de prisión. Caro Quintero ha seguido participando en actividades de tráfico de drogas desde su liberación.

En abril de 2018, el FBI agregó el nombre de Caro Quintero a su lista de los “Diez fugitivos más buscados”, donde permanece hasta la fecha. También en abril de 2018, el Departamento de Estado anunció una oferta del Programa de Recompensas por Narcóticos de $ 20 millones por información que conduzca al arresto o condena de Caro Quintero, que permanece vigente.

Una investigación de la DEA condujo a una acusación formal en 2017 en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, para el Distrito Este de Nueva York. Esta acusación formal alega el papel de Caro Quintero en el asesinato del agente especial Camarena y su liderazgo de una empresa criminal continua que traficaba metanfetamina, heroína, cocaína y marihuana a los Estados Unidos.

Previamente, en 1992, Caro Quintero fue acusada de delitos relacionados con el asesinato de Camarena, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de la persona designada que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC.

Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo.

Desde junio de 2000, más de 2.100 entidades e individuos han sido sancionados de conformidad con la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de estupefacientes. Las sanciones por infracciones de la Ley Kingpin van desde sanciones civiles de hasta $ 1,503,470 por infracción hasta sanciones penales más severas.

Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $ 5 millones. Las multas penales para las corporaciones pueden alcanzar los $ 10 millones.

Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por infracciones penales de la Ley Kingpin. (Debate)