Cancún.- La Cámara de Diputados y el Senado recibieron ayer ejemplares de la primera Constitución del Estado de Quintana Roo traducida en lengua Maya, a fin de que formen parte del acervo bibliográfico del Congreso de la Unión.

Fue entregada durante la sesión del Pleno por representantes mayas y por el diputado Luis Alegre, impulsor de la traducción. En tribuna, resaltaron que esta versión de la carta magna local es un acto de justicia para los pueblos originarios y una acción para preservar su cultura.

“Y habrá quienes se puedan preguntar ¿qué significado puede tener el simple gesto de traducir la constitución al Maya? Nosotros le respondemos, precisamente eso, hacer más pareja la justicia. ¿De qué sirve tener una Carta Magna si no la entendemos? Ahí no sólo están nuestras obligaciones, también están nuestros derechos”, dijo Simón Caamal, presidente del Gran Consejo Maya.

El también representante de iglesias mayas tradicionales resaltó que, desde la época de la Conquista en México, el pueblo maya llevaba más de 500 años de olvido y ausencia en el marco jurídico del país.

“Luis Alegre Salazar tuvo la iniciativa de poner en nuestro idioma la Constitución de Quintana Roo. Esta Constitución fue circulada en toda la zona maya para ser firmada por 317 dignatarios mayas, por los 8 juzgados tradicionales”, dijo.

Lengua ancestral

En el estado de Quintana Roo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabiliza 1 millón 325,578 habitantes, de los cuales 177,979 hablan maya, mientras en nuestro país más de 25 millones de personas son indígenas y 7 millones 382,785 hablan alguna lengua; siendo el maya la segunda con más hablantes después del náhuatl.

De acurso al Luis Alegre Salazar resaltó que la traducción de la Constitución del estado, además de ser avalada por los tres poderes de la entidad, fue firmada por los ocho juzgados tradicionales que forman parte de la Ley Indígena.

“En Quintana Roo tenemos dos leyes, (incluyendo) la Indígena, y a diferencia de otros estados que tiene usos y costumbres, nosotros… tenemos una Ley Indígena avalada por la propia Constitución del Estado”.

La Ley Indígena quintanarroense tiene por objeto “el reconocimiento, preservación y defensa de los derechos y cultura de los indígenas del Estado de Quintana Roo, así como el establecimiento de las obligaciones de la administración pública estatal y municipal, en la construcción de las relaciones con el pueblo maya y las comunidades indígenas y elevar el bienestar social de sus integrantes, promoviendo el desarrollo a través de programas y presupuestos específicos”.

El legislador manifestó que la traducción de este documento beneficiará a la población, principalmente maya, ya que de dicho documento “emanan todas las leyes del estado”.

Baja asistencia legal

El Censo de Población Indígena Privada de la Libertad 2017, reportó para ese año 6,000 personas que se autoreconocieron como indígenas y que se encontraban privadas de su libertad; de dicha cifra, 227 eran de Quintana Roo.

En el mismo informe se detalló que del total de esta población interna en centros penitenciarios del país, 459 eran pertenecientes a la comunidad maya.

El 14.8% de los indígenas detenidos manifestaron haber sido asistidos durante sus declaraciones por un traductor en su lengua; mientras que el resto (85.2%) expresó que no había recibido tal asistencia jurídica.

De acuerdo con la información proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, hasta noviembre del 2015 la población indígena interna en los centros penitenciarios del país era de 8,412 personas.