Chetumal.- Atendiendo a la voluntad del pueblo, la Legislatura de la Justicia Social aprobó una iniciativa que fortalece la identidad de Playa del Carmen, como un reconocimiento al sentido de pertenencia de quienes han hecho de este lugar su hogar y un destino líder en turismo y desarrollo económico.

El diputado Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política aseguró que el reconocimiento a la identidad de Playa del Carmen es un acto de justicia social.

“Es el reconocimiento de una identidad que ha trascendido generaciones y que hoy se consolida con el respaldo popular y legal. Hoy es un día de orgullo, un día de unidad y un día de transformación. Porque cuando el pueblo decide, el futuro se construye con
certeza”, aseveró.

Sanén Cervantes dijo que esta decisión legislativa, que deberá turnarse a los ayuntamientos para completar el trámite legislativo, es el resultado de un proceso profundamente democrático. En cada foro ciudadano, en cada espacio de diálogo, se escucharon las voces del pueblo de Playa del Carmen.

Además, con esta decisión se eliminan barreras para su promoción internacional, se genera confianza para nuevas inversiones y se garantiza que el turismo siga siendo una fuente de bienestar para todas y todos.

El coordinador de la bancada de MORENA hizo un reconocimiento al liderazgo del gobierno municipal encabezado por Estefanía Mercado, quien ha impulsado esta iniciativa con visión y compromiso, así como a la ciudadanía que participó en este proceso, haciendo valer su voz y su derecho a ser escuchados

Chetumal. – En un paso crucial hacia la protección de los derechos de las víctimas de desaparición, los diputados Hugo Alday del Partido del Trabajo, María José Osorio del Partido Verde y Ricardo Velazco de Morena, han presentado ante la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo la Iniciativa de Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas.

Esta propuesta legislativa, impulsada también por colectivos como Verdad, Memoria y Justicia, fue desarrollada durante te varios meses en mesas de trabajo integradas por los diputados, la Fiscalía General del Estado, la Consejería Jurídica, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Justicia y los colectivos, buscando la creación de un procedimiento especial de declaración de ausencia para quienes han sido víctimas de desaparición, garantizando seguridad jurídica y protección a sus familiares.

La propuesta, que se suma a los esfuerzos previos en materia de desaparición forzada, establece un procedimiento legal para declarar la ausencia de una persona desaparecida, permitiendo a sus familiares acceder a derechos patrimoniales, seguridad social y representación legal, sin necesidad de esperar largos procesos judiciales o pruebas de defunción.

Colectivos como Verdad, Memoria y Justicia, que agrupan a familiares de personas desaparecidas, han sido pieza clave en la construcción de esta iniciativa, exigiendo al Estado el reconocimiento de la crisis de desapariciones y promoviendo marcos jurídicos que prioricen la búsqueda y protección de los afectados. A través de protestas, foros ciudadanos y reuniones con legisladores, han logrado visibilizar el calvario que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos.

Por su parte, las autoridades estatales han jugado un papel fundamental en el diseño del marco jurídico que acompañará la implementación de la ley. La Fiscalía General del Estado ha trabajado en la creación de mecanismos para garantizar la efectividad de las investigaciones y la búsqueda de las víctimas. La Consejería Jurídica del Gobierno Estatal ha brindado asesoría para armonizar esta legislación con las normas estatales y federales, mientras que la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo ha enfatizado la necesidad de garantizar la protección integral de los familiares de las personas desaparecidas. Además, el Tribunal Superior de Justicia ha participado en la formulación de criterios para la correcta aplicación de la declaratoria de ausencia en los procesos judiciales.

Según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Quintana Roo se han reportado 1,781 desapariciones entre 2022 y 2024, una crisis que ha dejado en incertidumbre a cientos de familias. La nueva ley toma como referencia modelos similares en países como Argentina y Colombia, además de estados como Coahuila y Nuevo León, donde estas legislaciones han resultado fundamentales para garantizar la dignidad de las víctimas.

“Este marco legal no solo reconoce la ausencia de una persona, sino que la presume con vida, asegurando su búsqueda como una prioridad del Estado,” señalaron los legisladores promotores de la iniciativa.

Desde los colectivos se ha subrayado que esta ley es solo un primer paso y que la lucha por la verdad y la justicia continúa. “Necesitamos no solo el reconocimiento legal de nuestros desaparecidos, sino una acción real y efectiva del gobierno en su búsqueda,” expresaron integrantes de Verdad, Memoria y Justicia.

De aprobarse, la Ley representará un avance significativo en la defensa de los derechos humanos en Quintana Roo, alineándose con los estándares internacionales en la materia. Además, servirá como un alivio para las familias, que hasta ahora han enfrentado trabas burocráticas y vacíos legales al intentar administrar los bienes y derechos de sus seres queridos desaparecidos.

La propuesta será discutida en las próximas sesiones del Congreso local, y se espera que sume el respaldo de distintas fuerzas políticas y organizaciones civiles que han luchado por este reconocimiento.