Por Germán Arreola

CANCÚN.- El juez séptimo de distrito, Darío Alejandro Villa Arnaiz, otorgó la suspensión definitiva contra el megaproyecto hotelero del Grupo Posadas —la construcción del Live Aqua Beach Resort Tulkal (340 cuartos) y el Fiesta Americana All Inclusive Tulkal (515)— en Chemuyil y Chemuyilito, área contigua al Santuario de la Tortuga Marina de Xcacel-Xcacelito, al concluir en su sentencia que hubo omisión de tres dependencias federales y una estatal.

El lunes 9 de mayo, un colectivo de organizaciones ambientalistas presentó un amparo contra la la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) por omisión en sus funciones.

Araceli Domínguez Ramírez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), denunció la “terrible” devastación de la zona costera y pérdida de hábitat de la tortuga marina, así como el “enorme” riesgo de afectación al santuario tortuguero, y anunció la conformación de un frente de varias organizaciones ambientalistas y ciudadanas.

En su sentencia, el juez Villa Arnaiz incluyó a los Servicios Estatales de Salud (Sesa) en Quintana Roo por no haber inspeccionado, clausurado y retirado a los trabajadores de la obra, lo mismo en el caso de la STyPS; en el caso de la Profepa y Semarnat, por no impedir que continuaran los trabajos de desmonte, remoción y construcción.

El colectivo conformado por los grupos Salvemos Manglar Tajamar, Red Tulum Sostenible, Moce Yax Cuxtal y Gema del Mayab logró la suspensión definitiva, sin garantía de por medio, respecto del recurso de queja 98/ 2020 ingresado ante el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Araceli Domínguez notificó, por medio de un comunicado, que en la sentencia se señaló que la delegación de la Profepa fue omisa en dar respuesta, atender y dar seguimiento y/o desarrollar las actuaciones administrativas necesarias para constatar los hechos de la denuncia presentada el 12 de marzo pasado por los posible delitos ambientales en el predio ubicado en las bahías de Chemuyil y Chemuyilito.

“Hubo omisión de parte de la Profepa al no haber impedido que se continuaran los trabajos de desmonte y remoción en el predio. De igual forma de la Secretaría del Trabajo y los Servicios Estatales de Salud por no haber inspeccionado, clausurado y retirado a los trabajadores en las obras de Chemuyil y Chemuyilito.”

La omisión de sancionar la falta de cumplimiento de las medidas y acciones sanitarias de prevención y contención para evitar la propagación del covid 19 también se tomó en cuenta para otorgar la suspensión definitiva, y se solicita a la Profepa ejecutar las diligencias para determinar los actos hechos y omisiones constitutivos de la denuncia.

La sentencia refiere que no se pueden postergar la inspección y vigilancia dada la posible afectación al ecosistema de Chemuyil y Chemuyilito, indicó Araceli Domínguez, quien destacó que no se solicitó garantía para conceder la suspensión ya que, al entender del juez, la protección del medio ambiente y los recursos naturales significa el “interés social” de los mexicanos.

“El alto tribunal del país —reza la sentencia— ha señalado que el derecho a un ambiente sano, como derecho fundamental y garantía individual consagrada en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse como una exigencia  y un deber.”

El colectivo logró acreditar que es evidente que la construcción de un desarrollo en ecosistemas costeros o de anidación de tortuga marina tiene implicaciones directas al medio ambiente; por otro lado, quedó pendiente la resolución de los actos reclamados a la Semarnat, a la espera de que entregue su informe.