CANCÚN.-   La visita de Andrés Manuel López Obrador a Quintana Roo para dar el banderazo de “inicio” al Tren Maya desdeñó y desacató órdenes judiciales de suspender actividades no esenciales del megaproyecto, que ya decidió unilateralmente el futuro de las comunidades y pueblos indígenas.

En un documento que firman más de 200 organizaciones no gubernamentales, organismos indígenas y populares, comunidades y académicos se acusa lo inoportuno del evento en medio del momento más crítico de la pandemia de la covid-19, con el aumento de infectados y muertos tanto en México como en Quintana Roo que, además, tiene en Cancún el punto con la mayor letalidad del planeta.

El texto es firmado por Greenpeace México, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, el Colectivo K-luumil X’ko’olelo’ob, Poniente de Bacalar y organizaciones de estados tan lejanos como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, así como de la región: Tabasco, Campeche, Yucatán y Chiapas.

El Tren Maya es uno de los principales proyectos de López Obrador, y en el discurso la obra servirá “para detonar el desarrollo del Sureste, potenciar el turismo y el desarrollo económico de la región”; sin embargo, se han atropellado los derechos y garantías de la población, y se ha violentado el estado de derecho.

El documento se basa en cinco puntos que los firmantes consideran básicos para “descarrilarlo”: el primero exhibe que hay diversos amparos de jueces federales ordenando la suspensión de varias actividades no esenciales y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha ordenado como medida cautelar.

La visita de López Obrador al Sureste atenta contra el orden constitucional; su objetivo desdeña y desacata órdenes judiciales, pues el proyecto se fuerza desde el gobierno federal y se cobija en la disminuida actividad del Poder Judicial tras repetidas negativas de juzgados federales de Campeche y Yucatán de recibir demandas de amparo contra el proyecto.

El segundo punto refiere que aunque afecta directamente a comunidades indígenas de al menos cuatro de las cinco entidades, el megaproyecto se ha ido erigiendo sin la participación de los pueblos originarios y otros sectores de la sociedad en el diseño y planeación de un proyecto de desarrollo.

Para el Tren Maya no hubo diálogo preliminar con las comunidades para tomar su parecer, pasando por alto decidir su futuro, violando su derecho constitucional a la libre determinación; es decir, “el futuro de las comunidades y pueblos indígenas se decidió unilateralmente, afirmando que serán los principales beneficiados de algo que desconocen y en el que su papel principal será el de la mano de obra barata”.

Ilegalidades

El tercer apartado señala que hay serias dudas sobre la viabilidad ambiental del proyecto, según instancias del propio gobierno federal como un estudio de 30 científicos convocados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para determinar el impacto en los territorios donde se planea su construcción.

“También propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de 23 áreas naturales protegidas como Yum Balam, las biosferas de Sian Ka’an y Calakmul, ambas patrimonio de la humanidad, así como la sobredensificación del corredor turístico Cancún-Tulum.”

Aun y cuando el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) asegura tener 95 por ciento del derecho de vía, es falso (más de 40 por ciento no lo es) según estudios independientes y la misma dependencia, de acuerdo con el reciente informe de su director Milardy Douglas Rogelio Jiménez-Pons Gómez, el 18 de mayo pasado.

Además, el tren genera graves riesgos al patrimonio histórico y cultural de la península de Yucatán, pues en su recorrido el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene registrados siete mil 274 sitios arqueológicos, de los que mil 288 están a distancias no mayores a 10 kilómetros de la vía férrea, señala el cuarto punto.

El quinto señala que “aun y cuando el gobierno federal busca publicitar un supuesto apoyo desde las Naciones Unidas al proyecto, no existe, lo que hay son consultores contratados por el Fonatur por medio de ONU-Hábitat y la UNESCO, que colaboran actualmente con estudios para el proyecto, sin embargo, no son un espaldarazo al proyecto por parte de la ONU”.

“El gobierno federal tiene la oportunidad —según la promesa de cambio que su titular expresa— de dar cabida a demandas y puntos de vista de comunidades, académicos y diversos colectivos contra el Tren Maya para ser escuchadas y erigir un proceso realmente democrático; además. si confía y dice tener el apoyo indígena, qué le preocupa.”