CANCÚN (Germán Arreola).-  Eduardo Galaviz Ibarra, dirigente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, destacó que lo que está aconteciendo no tiene referente, así como las consecuencias en el corto y largo plazos; lo único definitivo es que gran parte de nuestra vida personal, comunitaria, normativa y de negocios cambiará para dar paso a la bioseguridad, que se tendrá que legislar.

“Nos corresponde estar atentos a que se den esos cambios dentro de un proceso ordenado para no continuar en medio de una situación caótica, y deberán cambiar las prioridades de los derechos constitucionales, pues la principal atribución en la sociedad frente al Estado ha sido la libertad, o su búsqueda: ahora tendrá que sujetarse a las normas de la bioseguridad.

“Se trata de un nuevo concepto que condicionará las estructuras normativas y constitucionales, por lo que los legisladores deberán hacer un proceso de revisión para integrarla como el nuevo basamento de la estructura normativa y la protección civil individual y de la sociedad.”

Recordó que en el estado la atención al coronavirus se desarrolló con una campaña informativa sobre las dimensiones del problema y exhortos mediáticos, mientras que el gobierno federal emitió la declaratoria de emergencia sanitaria el 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo las medidas necesarias para evitar la propagación del patógeno.

En al entidad, hasta el 15 de abril se emitió un decreto para establecer las medidas de seguridad sanitaria que involucra la inmovilización de personas y vehículos con el propósito de mitigar la dispersión del virus; de igal manera, en ese decreto se señaló la suspensión de las actividades “no esenciales” y se definieron las que podrían contunuar funcionando.

El 31 de marzo que se declaró la emergencia sanitaria, en el estado se tenían 46 casos y un deceso; al 7 de abril se habían duplicado los positivos (92 registros y nueve muertes); al 15 de abril la cifra subió a 279 personas, cinco veces más que la inicial, y 28 fallecimientos: tardaron casi dos semanas en emitir las medidas normativas para su cumplimiento obligatorio.

Galaviz Ibarrar apuntó que si bien el propósito es preservar la vida, no deja de observarse que se han presentado excesos que han afectado a la población; por ejemplo, se establecieron disposiciones relativas a la movilidad, se requería la difusión de lo normado, no sometimiento policial. También se determinó suministro de mascarillas a la población vulnerable, lo que aparentemente no ha cumplido.

El presidente del Observatorio Legislativo insistió en que los recursos empleados en la contingencia deben transparentarse, pues aún persiste la duda sobre los procesos de compra de las despensas y el origen de los recursos. En Benito Juárez se sabe que se destinaron 75 millones de pesos a la compra con fondos provenientes del impuesto de saneamiento ambiental.

“Hablando de transparencia, es lamentable que en el escenario de emergencia el municipio de Benito Juárez modificó en su portal la liga de transparencia, reduciendo los accesos. Igualmente, la información sobre las publicaciones de la gaceta municipal y las sesiones y acuerdos de cabildo desaparecieron. Un retroceso mayor a lo que ya se había denunciado.”

De igual manera se solicitó a los funcionarios con salarios mayores a 30 mil pesos que ajustaran sus salarios para tener “piso parejo” con los demás ciudadanos durante la pandemia y no hubo respuesta efectiva, ni tampoco a la solicitud de reasignación de recursos.

“Es claro que quien en estos momentos no tiene la solidaridad y responsabilidad para conducir su conducta, acción y gestión pública, no la tendrá mañana”, sentenció Eduardo Galaviz.