Por Germán Arreola

CANCÚN, 31 DE ENERO DE 2020.- El martes 11 de febrero vence el plazo para solicitar la protección de la justicia, y a partir del próximo martes empezarán a llover miles de amparos contra el Congreso estatal y el gobierno de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, que pretenden imponer desorbitantes cobros por el servicio de recolección de basura y la colocación de contenedores “inteligentes”.

Empresarios y pequeños comerciantes están inconformes por el aumento de hasta 800 por ciento que aprobó el Congreso estatal de manera unilateral para el cobro de la recolección de basura, por lo que desde inicio de año demandaron a los diputados locales no tomarse atribuciones que no les corresponden; además, se pretende imponer una renta mensual por unos contenedores que mediante dispositivos electrónicos registran el peso de la basura.

En su momento, el dirigente en Cancún de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Adrián López Sánchez, señaló que el proyecto de Ley de Ingresos municipal que se envió a la Legislatura estatal no incluyó el incremento, por lo que los diputados se extralimitaron en sus facultades.

El abuso en detrimento de empresarios de todos los niveles y sectores, pues la colocación de los contenedores sería a costo de restaurantes, hoteles, plazas comerciales y negocios en general, agrupados en 32 cámaras y asociaciones con presencia en Cancún y adheridas al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe.

Al término de la conferencia del viernes, en la que hablaron más de 10 líderes de sector, y en la que al final no se dijo nada nuevo, Iván Ferrat Mancera, presidente de Asociados Náuticos de Quintana Roo (ANQ), fue claro: la iniciativa privada de Benito Juárez va al amparo al recordar que el pasado lunes 27 de enero era el tiempo límite para modificar la imposición.

En entrevista, señaló que en el transcurso de la semana no hubo signos de solución, incluida “una plantada” de los legisladores a integrantes del CCE y la falta de atención al tema por parte del gobierno de Lezama Espinosa

Recordó que el 27 de diciembre pasado es cuando se publicó la modificación a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos; a partir de entonces, hay 30 días hábiles para interponer un recurso de amparo, que se vence el próximo 11 de febrero, por lo que “aún estamos en tiempo” para solicitar la protección de la justicia.

“Estamos en contra de esas imposiciones y ya aclaramos, con asesoría de un despacho jurídico, el tema de la legalidad y que los amparos serán individuales, no con una cámara o asociación. Nos vamos a amparar, en estos momentos el despacho jurídico que representa al sector está redactando el amparo para presentarlo el martes porque el lunes es festivo.”

Lamentable

A partir del martes van a empezar a llover los amparos, aseguró Iván Ferrat, quien explicó que el mismo viernes quedará listo el “machote” porque la redacción será diferente para cada sector, “se adecuará a cada caso y la solicitud de amparos será escalonada porque serán individuales y obviamente van a ser miles”.

Para los micronegocios que hayan, por ignorancia o llegar a un acuerdo y hayan pagado la basura, a partir del día que hayan pagado, tienen 15 días hábiles para meter un recurso; entonces, esas personas no están indefensas y se pueden sumar al sector empresarial, que los apoyará para hacer retroactivo su pago, concluyó Ferrat Mancera.

En cuanto a la administración municipal de Hermelinda Lezama, el sector empresarial critica que haya dos empresas para el tema de la recolección de basura porque no actúa con transparencia en el contrato asignado a la empresa Eco’ox para el nuevo cobro por el uso de contenedores, como parte del servicio a comercios.

“De continuar con la opacidad en el manejo del contrato, llamaremos a no pagar el servicio; además, no es posible que haya dos empresas para el mismo servicio: Eco’ox, ganadora de la concesión para la venta e instalación de los contenedores, y la paraestatal Siresol (Solución Integral de Residuos Sólidos), que s la que tiene la concesión para la recolección y confinamiento de desechos”, dijo por su parte el chef Marcy Bezaleel Pacheco.

El presidente del capítulo Cancún de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) criticó el intento de albazo de la XVI Legislatura, y además consideró que la intentona –“que de una vez les digo, no se va a quedar”– mancha los festejos del 50 aniversario de Cancún

Elsa Miriam Cortes Franco, presidenta ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq), manifestó de su lado que los empresarios cancunenses han sido víctimas de una no muy buena técnica legislativa en este caso, “cuando el servicio ha sido muy deficiente no de ahorita, sino desde hace años”.

Añadió que “nos obligan por ley a rentar los contenedores ‘inteligentes’ de basura y facultan a la concesionaria a comprar los adeudos de los usuarios en negocios establecidos para convertirlos en créditos fiscales, y eso es muy delicado y lamentable, puntualizó.