CIUDAD DE MÉXICO, 16 DE DICIEMBRE.- Dilación en los procedimientos judiciales, deficiencias en la atención para reos en centros carcelarios y hasta fabricación de testigos son algunas de las irregularidades denunciadas en los mil 600 casos que son investigados por la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, creada hace casi seis meses y que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Entre los expedientes analizados están los de Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo; y Eugenio Hernández Flores, de Tamaulipas, exgobernadores priistas señalados por diversos delitos, informaron fuentes de la dependencia. 

En entrevista con El Heraldo de México, Paulina Téllez Martínez, titular de la unidad, puntualizó que los casos están en proceso de revisión debido a que los peticionarios indicaron diversas anomalías y estancamiento de los procesos y señalan principalmente a servidores públicos de fiscalías, jueces y centros penitenciarios, sin embargo, aún no se puede dar una cifra de irregularidades detectadas.

Al cuestionarle si el sistema de justicia no está funcionando, Téllez Martínez aseguró que este “arrastra” malas prácticas y falta de apoyo a varios de los operadores como las cárceles.

En estos casos sujetos a revisión, dijo, también hay de candidatos a los que les imputaron delitos.

“Tenemos muchísimos casos de candidatos, por eso luego se llamaron presos políticos porque en algún momento fueron también candidatos… los presos políticos parten de eso, de que tenían alguna actividad política versus alguna autoridad y la autoridad los reprimió imputándoles delitos…

“La mayoría de los casos son estatales, es un mecanismo que se usó y vamos contracorriente de tratar, no solo solucionar estos casos sino de también construir un mejor sistema de justicia”, explicó.

La unidad elabora una plataforma con estadística y patrón de conducta de servidores públicos que posiblemente incurrieron en irregularidades, para posteriormente iniciar los procedimientos.

Destacó que algunos casos llegaron como cartas escritas desde prisiones dirigidas al Presidente, a la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, o a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Alejandro Encinas.

“Mi gran preocupación es que la demanda de justicia en el país, se abrió esta ventana y resulta que lo que necesitábamos era una puerta de garage… no podíamos conocer esta demanda de justicia de una manera tan desbocada como la han hecho y sobre todo donde le escriben al Presidente: ‘Creo que por primera vez se me va a hacer justicia y usted me va a ayudar’…

“Mi preocupación es ver que, si pensábamos que el sistema de justicia tenía sus fallas, lo que nos está haciendo ver en casos es qué autoridades tiene más fallas”, enfatizó.