Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que se concretó la actualización y emisión del decreto de Zona Libre para Chetumal.

Afirmó que con esta gran noticia, a partir de la emisión del decreto se cuenta con incentivos fiscales muy importantes, para personas físicas y morales que decidan dedicarse al giro de la importación y acrediten los requisitos necesarios.

Mara Lezama dio a conocer que después de varios meses de trabajo, y reuniones encabezadas por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en las que participó el Gobierno del Estado de Quintana Roo, la Secretaría de Economía de México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Procuraduría Fiscal de la Federación, ahora se contará con un estímulo fiscal del 100% en el IVA, ISR e Impuestos Aduanales y relacionados con la importación de bienes y productos para todas las personas físicas que se dediquen a la importación y que no rebasen ingresos anuales por 5 millones de pesos, mientras que el tope será de 50 millones de pesos en ingresos anuales para las personas morales, dentro de las zonas designadas por el gobierno del estado en el territorio del Municipio de Othón P. Blanco, empezando con la zona específica del polígono del Tianguis del Bienestar “Yum Kaax”.

Este decreto permitirá la reactivación de la economía en el municipio de Othón P. Blanco y una mayor recaudación que generará beneficios especialmente en la capital Chetumal, buscando que se convierta en un polo de desarrollo comercial, industrial y turístico para el Sur-Sureste del país.

Añadió que se les otorgarán estímulos fiscales por medio de este decreto, declarando a Othón P. Blanco como zona franca, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Con este decreto, escribiremos otra bella página en la historia de nuestro estado, principalmente en la capital, que gozará de estos estímulos fiscales y la detonación de la economía local” puntualizó la titular del Ejecutivo.

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de abril de 2024.

CDMX.- El gobierno de Quintana Roo y la Secretaría de la Función Pública firmaron un acuerdo de coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, de hechos de corrupción y mejora de la gestión gubernamental, tanto en el nivel estatal como en el municipal.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que con este acuerdo se refuerza el compromiso de Quintana Roo para prevenir, detectar y eliminar actos de corrupción, vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, tanto en la administración estatal como en las municipales, así como fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y promover una cultura de integridad en el servicio público.

Con la firma de este acuerdo, encabezado por la gobernadora Mara Lezama y el secretario Roberto Salcedo Aquino, derivó el convenio entre la Secretaría de la Contraloría y la dependencia federal, por medio del cual, el Órgano Estatal de Control recibe 6 sistemas informáticos para mejorar la gestión gubernamental y el control interno.

“Estas acciones tiene el objetivo de que la ciudadanía tenga las mejores herramientas para denunciar posibles actos de corrupción. Con esfuerzos coordinados entre sociedad, gobierno federal y gobierno del estado combatimos la corrupción”, explicó la titular de Ejecutivo quien estuvo acompañada de la secretaria estatal de Contraloría (SECOES) Reyna Arceo Rosado.

Por su parte, el secretario Roberto Salcedo afirmó que cuando el cajón está abierto hasta el justo peca, razón por la que es necesario que los cajones tengan todos los controles para evitar caer en tentaciones.

Durante el evento en el que también estuvieron presentes el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Carlos Fuentes y la Contralora de Quintana Roo, Reyna Arceo Rosado, la gobernadora destacó que en la entidad se trabaja para eliminar todas las formas de corrupción, así como incentivar y promover mecanismos de co-creación, transparencia, rendición de cuentas, mejorar los controles internos y evitar la ejecución discrecional del gasto público con el involucramiento y participación activa de la ciudadanía. Esto permitirá acrecentar la eficiencia gubernamental y la confianza de la población.