Por Cliserio E. Cedillo Godínez

CANCÚN. – Al menos 14 mil 800 familias han sido defraudadas con la venta de lotes, en términos de cesión de derechos, en 15 fraccionamientos clandestinos enclavados en Zonas Protegidas y de Preservación Ecológica del ex ejido Alfredo V. Bonfil y por lo tanto inviables para construir viviendas y mucho menos para prestarles servicios públicos urbanos.

Es así que la autoridad municipal de Benito Juárez decretó la clausura de los mismos, así como de una nave industrial y las oficinas administrativas de la empresa Amistad Bienes y Servicios Empresariales, SA de CV, administrada por Alfredo González Palma, mismo que aparece como cedente en los contratos signados con los cesionarios de terrenos en breña en la parcela conocida como El Pedregal.

Finalmente, luego de más de 15 años de que tanto gobiernos estatales, como municipales de Benito Juárez han solapado la lotificación y venta de terrenos irregulares y peor aún sobre reservas ecológicas donde han depredado y desmontado cientos de hectáreas para caminos y lotificación, una autoridad, la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, “toma al toro por los cuernos” y se lanza contra los desarrolladores fraudulentos para impedir se siga lucrando en perjuicio de las familias necesitadas, pequeños inversionistas y el medio ambiente.

Es así que la alcaldesa encabeza una campaña en favor de la certeza en la tenencia de la tierra, el desarrollo urbano ordenado y el combate a la contaminación del agua en la zona del ex ejido Alfredo V. Bonfil, debido a que en esos supuestos fraccionamientos todos los drenajes son vertidos a través de grietas y cenotes al subsuelo, contaminando los mantos freáticos y hasta el mismo mar donde desembocan los ríos subterráneos.

“Claro que estamos a favor de las familias que por desconocimiento fueron sorprendidas por esos desarrolladores irregulares que, en administraciones estales pasadas, lo mismo que municipales fueron solapados y hasta beneficiadas para emprender este ilegal negocio”, comenta la alcaldesa.

Se trata de un fraude multimillonario que afecta a 48 mil 768 habitantes, cuyas cabezas de familia adquirieron lotes de terreno en fraccionamientos asentados en áreas protegidas y de preservación, la mayoría en lo que fuera el ex ejido Alfredo V. Bonfil que hoy en una amplia extensión es propiedad privada, según se asienta en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del municipio, situación legal que ha sido ocultada por los desarrolladores, para cometer un triple y costoso engaño.

¿Cómo es esto? –Primero se les ofrece el terreno, dentro o fuera del área de preservación con una Promesa de Sesión de Derechos; al terminar de pagar la cantidad convenida “en cómodas mensualidades, por lo general de 96 mensualidades de mil 800 pesos cada una (172 mil 800 pesos, en este caso) se “legaliza” la cesión ante la Asamblea de Ejidatarios, con un costo del 10% del valor total que impusieron al terreno. Posteriormente, según algunos de quienes ya cumplieron con el pago acordado, deberán dirigirse con su Cesión de Derechos a una notaría específica (por lo general la Número 75 a cargo de la licenciada Sonia Magaly Ayuso Achach, según dicen) para continuar el trámite para su titulación que para el caso de las zonas de Preservación Ecológica jamás será posible, a menos que algo extraordinario sucediera, como modificar el Plan de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del Municipio de Benito Juárez.
Según la Secretaría Técnica del Ayuntamiento de Benito Juárez, a cargo de Hugo Alday Nieto, en los 15 desarrollos en cuestión no se cuenta con la Planeación ni Proyección a Futuro para la instalación de servicios básico para la habitabilidad, como la energía eléctrica, el agua potable y el drenaje.

En esta situación de carencias se encuentran los desarrollos clausurados: Privada Azulejos, Las Margaritas I y II, Real Guelatao; Azaahy, Zamna y/o Zaci; Villas Dubay, Nuevo Amanecer, El Manantial, Pedregal Plus, Pedregal, El Mezquital, Don Sebastián, Las fuentes II, Fraccionamiento Tulipanes y Fraccionamiento Girasoles.

“No se trata de perjudicar más a las familias que adquirieron terrenos de buena fe en esas zonas prohibidas, sino que a los afectados se les brindará todo el apoyo para que pueden emprender acciones legales en contra de los fraudulentos desarrolladores y puedan recuperar su dinero”, afirma la presidenta municipal.

Por su parte, Alday Nieto informa que el precio de venta que impusieron los ilegales desarrolladores en esas zonas prohibidas oscila entre los 170 mil y hasta 577 mil pesos por lote, cuyos cesionarios “se comprometen a pagar en cómodas mensualidades de pago”. Es decir, los presuntos fraudulentos fraccionadores, al término del pago de los terrenos, esperan recibir un botín de alrededor de seis mil 535 millones de pesos, tan solo en 11 de los 15 desarrollo clausurados.

HERMANOS GONZÁLEZ PALMA

Cabe informar que los propietarios de Amistad Bienes Raíces de Monclova, que según testimonios han lucrado en el municipio de Benito Juárez, son los hermanos Arturo y Alfredo González Palma, quienes a principios del 2017 se presentaron en el cerro La Gloria, en Monclova, Coahuila, donde, , “…apenas se sintieron los amos y señores del cerro, se dieron gusto tumbando chozas, quemando corrales, robando y matando los animales de los comuneros, como los forajidos en las viejas películas del oeste, como los caciques de los cuentos de Edmundo Valadés. Invadieron, se apropiaron del cerro y sus tres mil 500 hectáreas, ocho cañones de puro agostadero, y la gente que se joda”, narra Antonio de la Cruz Valdez, líder de los comuneros y posesionario de aquel lugar, según publicó el periódico Vanguardia, en su edición del 4 de marzo del 2017.
Al respecto, hay que aclarar que el diario El Heraldo de México, reproduce esa información en un reportaje publicado en la página 12, en su edición del 9 de noviembre, con el título de Avaricia Inmobiliaria en el Paraíso, el cual pretende ser desmentido, por presunta falsedad a través de una carta dirigida a su director Editorial, Alfredo González Castro. La carta es firmada por Celestino Estrada Cárdenas, en su carácter de Apoderado General de Alfredo González Palma, administrador de la empresa Amistad Bienes y Servicios Empresariales SA de CV.

Según Celestino Estrada esa empresa NO VENDE TERRENOS, sino que su labor es de asesoría y mediación inmobiliaria. Sin embargo, documentos en nuestro poder debidamente firmados, muestran a González Palmas como el cedente en los contratos de cesión de derechos, los que en realidad son una venta por ratificar en asamblea de ejidatarios. Es decir, no los cede a título gratuito, sino que obtiene un lucro. Luego entonces la empresa Amistad Bienes y Servicios Empresariales SA de CV, no es de asesoría e intermediación, como se pretende hacer creer.

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Es cierto, Alfredo González Palma es propietario o administrador de la empresa Amistad Bienes y Servicios Empresariales, SA de CV que opera en Benito Juárez. Es miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI). Según documentos en nuestro poder y testimonios en el Registro Público de la Propiedad fue beneficiado con 65 mil 662 metros cuadrados de tierra en una de las zonas de más alta plusvalía de Cancún, por las que pagó 6 millones 597 mil 819 pesos, o lo que es lo mismo, alrededor de 100 pesos por metro cuadrado. Un precio muy por debajo del costo real.

En 2013 fue denunciado penal y públicamente, a través de YouTube, por José Juárez Gil, conocido como “Pepe Tigre”, por despojarlo, en 2011, de un terreno ubicado en el bulevar Colosio, que el IPAE entregó a González Palma como tres predios del patrimonio del estado a precios subvaluados. Tras estas denuncias públicas, González Palma demandó a Pepe Tigre ante el Juzgado Civil de Cancún por supuesto “daño a su imagen”.

BUSCAN ALTERNATIVAS A FAVOR DE LAS PARTES

El secretario Técnico de la Comuna, Hugo Alday y la regidora presidenta de la Comisión de Turismo, Ecología y Medio Ambiente, Anahí González, se reunieron con representantes de Grupo Amistad para darles a conocer la situación actual de terrenos clausurados, debido a que no cuentan con las condiciones para prestar servicios básicos, se expusieron las limitaciones, condiciones y posibles alternativas de solución en favor de las partes.

De acuerdo a la regidora, lo que se busca es evitar más devastaciones, fraccionamientos sin drenaje ni otros servicios y otras irregularidades a fin de procurar el orden.

INCREMENTAN PENAS A FRACCIONADORES
DE PREDIOS O TIERRAS SIN AUTORIZACIÓN

La XV Legislatura de Quintana Roo emitió el Decreto 359 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el estado Libre y Soberano de Quintana Roo, del que se destaca:

AERTÍCULO 153, Fracción XVI.- Al que por sí o por interpósita persona, sin contar con licencias, constancias y/o permisos y/o autorizaciones y/o requisitos previstos por la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley de Acciones urbanísticas ambas del Estado de Quintana Roo, fraccione, subdivida, parcele o incorpore un terreno urbano o rústico, con o sin construcciones, propio o ajeno y transfiera o prometa transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre alguno de esos lotes.

ARTÍCULO 158. Se aplicará prisión de tres a siete años, multa de 300 a 600 días de multa y reparación de los daños y perjuicios; en caso de personas jurídicas previstas por el artículo 21 Bis a las personas físicas o jurídicas que, sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo o engañando realice las siguientes conductas…

Al margen, vale explicar que la reforma incrementa penas a los que, sin licencia o permisos de autoridad, fraccione, subdivida, parcele, incorpore predios rústicos o urbanos, transmita, prometa ceder, vender o dar posesión de lotes. De Igual forma, a los que usen predios o comercialicen predios con uso distinto al que estos tienen. Es importante destacar que también se penaliza el desmonte.