BOLIVIA, 10 DE NOVIEMBRE.- La crisis política boliviana entra en una nueva etapa. El presidente Evo Morales convocó este domingo a la celebración de nuevas elecciones con un Tribunal Electoral renovado, poco después de que una auditoria de la Organización de Estados Americanos (OEA) encontrara que el proceso electoral del pasado 20 de octubre no siguió los procedimientos adecuados y hubo “contundentes” irregularidades, por lo que corresponde su anulación.

La OEA ha pedido al Gobierno de Morales que investigue las vulnerabilidades que su comisión de auditoría ha encontrado en el manejo de la información digital de las elecciones. Morales ha señalado que en las próximas horas la Asamblea Legislativa deberá decidir los criterios para elegir a los nuevos árbitros electorales y llamó a la pacificación del país.

La oposición exige que la nueva convocatoria se complemente con la renuncia del Ejecutivo, que, según ella, sería el responsable del fraude. Por su parte, Morales, que no mencionó el informe de la OEA durante su intervención, dijo posteriormente, en una entrevista con radio Panamericana, que este informe fue más “político” que técnico, para darle una salida política al país, convulso desde hace más de dos semanas. “Nunca he pedido ayuda”, dijo, en relación a la posibilidad de que el la autoridad electoral hubiera hecho fraude a petición suya.

El presidente boliviano señaló también tras el anuncio de convocatoria que no renunciará al cargo, que tiene un mandato hasta el 22 de enero de 2020, y que plantear que se vaya es hacer golpe de Estado. No quiso asegurar que no participará en las nuevas elecciones. “No hay que hablar de candidatos ni de sucesión constitucional. No sigamos convulsionando. Quieren perjudicar a Bolivia. Hagamos un diálogo, veamos allí cuándo y cómo haremos las elecciones. No confrontemos…”, manifestó. La oposición mientras tanto ha dado muestras de que no dará por concluida la movilización hasta que Morales se vaya.

Este anuncio se produce en un momento de extrema tensión política en el país. Todas las ciudades están semiparalizadas. Hace dos días que la Policía se replegó de las calles en busca, primero, de reivindicaciones laborales y, luego, sumándose a la enorme protesta en contra del resultado electoral y por la renuncia del presidente Morales. Desde antes de esto ya se producían enfrentamientos violentos entre los manifestantes “por la democracia” y los simpatizantes del gobierno. Hasta el momento, los choques han causado la muerte al menos a tres personas. Morales, que se encuentra en el Chapare, señaló en la citada entrevista que “no hay necesidad de más movilización. Lo único que necesitamos es la pacificación”.

El informe de la OEA, todavía preliminar, denuncia, entre otras cosas, irregularidades en el sistema de transmisión de resultados, que sufrió un apagón cuando anticipaba una segunda vuelta electoral entre el presidente del país, Evo Morales, y su rival Carlos Mesa. Tras el apagón, el recuento concedió una ventaja clara a Morales. Según el análisis de la OEA, los datos se derivaron a un servidor externo no previsto.

El informe de la organización dedica un apartado también a la autenticidad de las actas. De 333 sobre las que se hizo un análisis pericial caligráfico, 78 presentaban irregularidades. “Se encontraron, asimismo,”, dice el reporte, “varias actas en las que el partido oficialista obtenía el 100% de los votos. En algunos de estos documentos ni siquiera se había completado con un cero el campo correspondiente a los votos de los partidos opositores. Además, la participación en algunas de esas mesas alcanzaba el 100%, hecho prácticamente imposible”.

La OEA señala además que no se pusieron en marcha “los controles necesarios” de cadena de custodia del material electoral “sensible”. El Tribunal Electoral boliviano actuó de un modo muy criticado por todos los partidos y carece de la credibilidad de la población.

La decisión del presidente se da luego de que una decena de funcionarios, diplomáticos y alcaldes y gobernadores oficialistas renunciarán de sus cargos, en tanto que el resto del gobierno guarda total silencio. Estas renuncias se dan en un contexto de hostigamiento a los dirigentes del oficialismo y sus domicilios en las distintas ciudades del país.