Germán Arreola

CANCÚN, 4 DE NOVIEMBRE.- Actualmente hay dos mil 894 reos en Quintana Roo, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública al lunes 14 de octubre; del total, la mitad saldría libre si se concreta la Ley de Amnistía, declaró el jurista Alejandro Francisco de Jesús Betancourt Pérez, ex presidente del Colegio de Abogados Postulantes de Quintana Roo.

Al mismo tiempo, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional asegura que la ley nacería con un pecado original: la inmensa mayoría de delitos no pertenecen al ámbito federal, el único sobre el que la Federación tiene competencia; por tanto, la norma sería prácticamente inaplicable a menos que las entidades secunden la iniciativa.

De los dos mil 894 internos que hay en las prisiones del estado, dos mil 579 o 89 por ciento pertenecen al fuero común; el restante 11 por ciento, o 315, son del federal. En el Centro de Reinserción Social (Cereso, por su acrónimo) de Cancún hay mil 311, de los que 266 cometieron delitos federales y mil 45 comunes.

Le sigue el Cereso de Chetumal, que alberga mil 29 reos, 49 de competencia federal y 980 corresponden a la jurisdicción local; luego está el de Cozumel, que tiene 111 reos, todos del fuero común, y finalmente el Centro de Retención Municipal de Solidaridad, con sede en la ciudad de Playa del Carmen, con 443 prisioneros, todos de competencia estatal.

En charla con La Jornada, el penalista Betancourt Pérez cita que con el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales todos los reos tienen derecho a pedir fianza, pero lamenta que “la gran mayoría no tiene dinero, algunos están presos por 200 pesos”, y considera que la iniciativa busca reparar miles de irregularidades judiciales.

“La idea es liberar a los primodelincuentes que están por robo menor, como robo famélico, o sea los que no han causado «mucho daño»; sin embargo: saldrían muchos, yo creo que por ahí de la mitad, fácil porque son robos de cuantía menor. Acuérdate que quien no puede salir es porque no tiene dinero, eso queda claro”, comentó.

Andrés Manuel López Obrador envió el pasado 15 de septiembre a la Cámara de Diputados –con mayoría de su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena, por su acrónimo)– la iniciativa para expedir una ley que permita otorgar amnistía a personas que hayan cometido cierto tipo de delitos y para quienes puedan ser considerados presos políticos.

El ex presidente del Colegio de Abogados Postulantes de Quintana Roo sostiene que en caso de que se dé la amnistía saldrían muchos, pero advierte que habría que tener mucho cuidado porque hoy el problema de la inseguridad en prácticamente todo el país es muy serio, “por eso las liberaciones serían por medio de un juez”.

Y pone como ejemplo a los llamados farderos, los que entran a una tienda departamental a robar, y entre su ropa esconden mercancía y salen sin pagar, invariablemente tienen mucho tiempo haciéndolo y como no son de mucha cuantía no siempre los ponen a disposición de la autoridad; entonces, se liberaría a mucha gente pero sería muy riesgoso.

“Podría desfogar cárceles, que es lo que se quiere, sí, pero vas a liberar a mucho delincuente. Yo calculo que por ese tipo de delitos, de cada 10 lo menos cuatro están por esa modalidad, el robo simple. La mayoría de los presos que están por robo y por ese tipo de situaciones, es gente amolada. Si no tienes buena defensa y para pagar una fianza, por eso no sales.”

Alejandro Betancourt dice que con el nuevo Sistema Penal Acusatorio y su catálogo de delitos menores que requieren prisión preventiva oficiosa, todo mundo tendría derecho a salir siempre y cuando tenga para pagar; por tanto, la amnistía beneficiaría a muchos que están “por nada”; no obstante, cree que se haría bastante daño a la sociedad porque al final saldría gente que, aunque sean primodelincuentes, en la mayoría de casos se dedican a delinquir.

En tanto, la eventual Ley de Amnistía nacería con un pecado original: la inmensa mayoría de delitos no son del ámbito federal, el único sobre el que la Federación tiene competencia, y la población beneficiada sería muy escasa porque la generalidad de reos son del fueron común, así que la norma sería inaplicable a menos que los estados secunden la iniciativa; hoy, el partido de López Obrador tiene mayoría en el Congreso y en 17 de las 32 entidades.