CHETUMAL, 27 DE AGOSTO.- Por estar fuera de su jurisdicción, el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México negó la prisión domiciliaria a Mario Villanueva Madrid tras la solicitud de sus abogados para la sustitución de la pena, debido a que se encuentra encarcelado en Quintana Roo.

La resolución marcada con el número de expediente o causa penal 101/2003, fue firmada por Edna Marcela Ruiz Mata, Secretaria encargada del Despacho del Juzgado antes citado, quien determinó infundado el incidente promovido por la defensa de Villanueva Madrid, luego de solicitar la sustitución de la pena, debido a que aún se encuentra privado de su libertad en la clínica Campestre de Chetumal, ubicada en la calle Agustín Olachea número 540, colonia Flamboyanes, en Chetumal, Quintana Roo por su estado de salud, y recluido en el Cereso de Chetumal.

Lo anterior de acuerdo al documento adjunto, está fuera del alcance del juzgador.

Asimismo, se supo que el expediente del exgobernador expedido por el Poder Judicial Federal entre los meses de enero y junio de 2018, se encuentra decretado Bajo Reserva (Clasificado) hasta el año 2023. Dicha reserva argumentada por ser un tema de delincuencia organizada, fue dictada antes de que Enrique Peña Nieto dejara el cargo como Presidente de México y será publicada un año antes de que Andrés Manuel López Obrador termine su mandato. 

Esta condición se basa en dos argumentos legales: el artículo 101 y 102 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“Establecen la obligación para los Sujetos Obligados de elaborar semestralmente un Índice de Expedientes Clasificados como Reservados (IERC), mismo que de acuerdo con los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas”, dice la norma. 
El expediente 101/2003 (completo) de Mario Villanueva está marcado con el número 131 en el índice de reservas del Consejo de la Judicatura Federal, y las razones por las que se reservó es porque “se trata de un asunto relacionado con delincuencia organizada”, según la resolución aprobada día 14 de junio de 2018.