CIUDAD DE MÉXICO, 11 DE AGOSTO. – Mientras Estados Unidos exige a México reforzar su lucha antinarco, también es el principal proveedor de armas para traficantes de droga.

De las 201 mil pistolas, revólveres, rifles y escopetas que autoridades mexicanas han decomisado la última década, la mayor parte fue fabricada en EU o importada de manera legal a ese país.

Estas armas de fuego se venden desde miles de establecimientos ubicados en las ciudades fronterizas de San Diego, Laredo, McAllen y El Paso, escenario de una reciente masacre contra hispanos que dejó 22 muertos.

Ese arsenal es el mismo que el crimen organizado usa en su disputa contra otros grupos delictivos y también contra las autoridades, lo que ha causado la mayor parte de las más de 250 mil muertes violentas ocurridas en los últimos 13 años en México.

Entre 2008 y 2018, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) recibió 201 mil 396 armas de fuego que autoridades mexicanas decomisaron en distintos ilícitos y le enviaron para análisis y cotejo.

De ese total, 140 mil 185, es decir el 70%, son de manufactura estadunidense o fueron importadas desde ese país vía un permiso federal.

El viernes, luego de que Donald Trump condicionó a México la certificación antidrogas, la Cancillería respondió que otro tema a atender es el trasiego ilegal de armas de norte a sur.

Concentran 11 ciudades armas ilegales de EU

En 11 años se han recuperado en el país más de 201 mil revólveres pistolas, escopetas, y rifles, entre otros.

Los cientos de miles de pistolas 9 mm, revólveres calibre 38, escopetas y rifles calibre .223, 7.62 y .50, con las cuales los cárteles de las drogas han elevado los índices de violencia en México desde diciembre de 2006, son comerciadas en miles de establecimientos (unos dicen seis mil 500, otros 12 mil) en San Diego, Laredo, McAllen y El Paso, escenario la semana pasada de una matanza con saldo de 22 muertos.

Del lado mexicano, las armas —cuyo punto de partida en la Unión Americana es Washington, Utah, Illinois, Georgia, Florida y Colorado— se redistribuyen desde Tijuana y Mexicali, Baja California; Nogales y San Luis Río Colorado, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acuña y Piedras Negras, Coahuila, y Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa y Matamoros, Tamaulipas.

Esos arsenales son los mismos que usan integrantes de la delincuencia organizada en la disputa por territorios y mercados de la droga, así como contra las fuerzas gubernamentales en la llamada guerra contra el narcotráfico (que el gobierno del presidente López Obrador se niega a reeditar), que causó la mayor parte de las más de 250 mil muertes violentas de los últimos 13 años en México.

El Centro Nacional de Localización (NTC por sus siglas en inglés) de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ha recibido desde el 1 de enero de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2018 de parte de autoridades mexicanas para cotejar y analizar 201 mil 396 armas de fuego (pistolas, revólver, rifles y escopetas) recuperadas en hechos ilícitos. Lo que significa un promedio de 50 armas diarias.

Del armamento recuperado en México y comparado por la ATF, el resultado es que ocho de cada 10 de esas armas proceden de Estados Unidos, según muestran reportes de la ATF consultados por Excélsior. Y es que de esas 201 mil 396 pistolas, revólveres, rifles y escopetas, 140 mil 185, es decir 70% son de manufactura estadunidense o fueron importadas legalmente de ese país con un permiso federal.

Los datos del gobierno de Estados Unidos confirman la “preocupación” emitida el viernes pasado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) “por el trasiego ilegal de armas de fuego, incluidas de alto poder, que ocurre de forma masiva en dirección del norte a sur, en virtud de su documentado uso en miles de asesinatos cada año en nuestro país”.

En estos 11 años de estadísticas realizadas por la ATF, mediante la tecnología conocida como eTrace instalada en los nueve consulados estadunidenses en México, se desprende que 2008, el primer año en sistematizarse el rastreo de armas ilícitas, fue cuando más armas se recuperaron y cotejaron en México: 32 mil 380. El año con menos armas comparadas fue 2010, con nueve mil 61.

En 2009, las armas enviadas desde México a la ATF fueron 21 mil 728; en 2011, 22 mil 570; 2012, 19 mil 621; 2013, 16 mil 59; 2014, 16 mil 86; 2015, 17 mil 975; 2016, 13 mil 905; 2017, 15 mil 668 y el año pasado, 16 mil 343 armas.

En paralelo están las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre homicidios culposos con arma de fuego y lesiones culposas con arma de fuego.

Entre 2015 y hasta junio de 2019, la dependencia federal tiene registrados 80 mil 840 homicidios culposos con arma de fuego y 41 mil 158 lesiones culposas con arma de fuego.

El desglose es el siguiente: en 2015 hubo 10 mil 456 homicidios dolosos con arma de fuego y cinco mil 725 lesiones dolosas con arma fuego. En 2016, 14 mil 269 homicidios dolosos con arma de fuego y siete mil 103 lesiones dolosas con arma de fuego. En 2017, 19 mil 961 homicidios dolosos con arma de fuego y nueve mil 965 lesiones dolosas con arma de fuego. En 2018, 23 mil 939 homicidios dolosos con arma de fuego y 11 mil 867 lesiones dolosas con arma de fuego. Entre enero y junio de 2019 van 12 mil 215 homicidios dolosos con arma de fuego y seis mil 498 lesiones con arma de fuego. Es decir que en ese periodo aumentó 56% la cifra de asesinatos a balazos.

En los informes estadunidenses no se incluyó el registro de 12 mil 500 armas largas recuperadas entre 2002 y 2006, que están en las estadísticas de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Documentos del Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y Control del Tráfico de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos (GC-Armas), creado en marzo de 1995, en el que convergen las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Gobernación, de  Relaciones Exteriores,  Hacienda, de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República (antes PGR), en coordinación con ATF, Migración y Aduanas, y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, tienen detectadas en territorio mexicano cuatro rutas por las que se diseminan las armas ilegales que llegan de EU.

El 24 de julio pasado, Relaciones Exteriores, apoyada en datos publicados por el Center for American Progress en el artículo “Beyond our borders”, de febrero de 2018, refiere que, anualmente, entre 2010 y 2012, se compraron en Estados Unidos 212 mil 887 armas para traficar a México. Ese texto cita a su vez al informe The way of the gun de Topher McDougal, publicado en 2015 por el Journal of Economic Geography.

A finales de octubre de 2018, el entonces comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, afirmó en un encuentro con académicos que diariamente cruzaban la frontera de Estados Unidos a México dos mil armas.

Las rutas en México por donde circulan las armas ilegales son identificadas en los informes oficiales como Pacífico, Centro, Golfo y Sur.

La Pacífico empieza en Tijuana y sigue hacia Mexicali, Nogales, Hermosillo, Culiacán, Tepic, Guadalajara, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca.

La Centro parte de Ciudad Juárez, pasa por Chihuahua, Durango, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca.

La ruta Golfo inicia en Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Ciudad Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Veracruz y Oaxaca.

Y la Sur, a partir de Balancán, sigue hacia Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Cuauhtémoc, Tapachula y Ciudad Hidalgo.

A diferencia de los cárteles de drogas, que tienen territorios de influencia y nombres, las dependencias federales de México y las estadunidenses no confieren a alguna organización mexicana o estadunidense en particular el control del tráfico de armas. En todo caso se trata de intermediarios que operan para intereses individuales.

De este análisis oficial se desprende que se trata de un tráfico a baja escala, que llevan a cabo ciudadanos estadunidenses o residentes legales de la Unión Americana. A cambio de dinero, venden armas, sabiendo o ignorando que van a parar en territorio mexicano.

Se estima que el precio de un arma en el mercado ilegal varía, dependiendo de la oferta y la demanda: va de los 800 dólares a los dos mil dólares, según la antigüedad, estado de conservación, marca, modelo y versión del arma en venta.

Según los reportes oficiales, el modus operandi del tráfico ilegal de armas de fuego es el siguiente: los traficantes son los intermediarios entre el interesado en comprar y el vendedor autorizado de armas, para introducirlas a México.

Estiman los informes que las armas cruzan por los 22 cruces formales que hay entre México y EU, pero también por los cientos de cruces informales que se han abierto a lo largo de los tres mil 152 kilómetros de frontera mutua.

De acuerdo con distintos operativos realizados en años recientes, las armas llegan a México de Estados Unidos ocultas en todo tipo de autos y camiones, escondidas en las llantas de refacción, entre las vestiduras, los asientos o en compartimientos configurados ex profeso en partes de la carrocería.

Al tratarse de un mercado negro, no existe ningún dato oficial que pueda asegurar cuántas armas ilegales existen en México. Aaron Karp, profesor y director de Modelo de Ciencias Políticas y Geografía de la ONU, autor del estudio Civilian firearms holdings, 2017 estimating global civilian-held firearms numbers, afirma que hasta ese año en México había 16 millones 890 mil armas en poder de civiles, de las cuales 13 millones 690 mil 408 serían armas ilegales y tres millones 118 mil 592 debidamente registradas ante la Defensa Nacional.

Los datos

Fue en 2008 cuando la  ATF puso en marcha la tecnología eTrace, con la idea de facilitar el intercambio sin papel de datos sobre delitos con armas de fuego en un entorno seguro basado en la web.
Es a partir de esa tecnología que hoy se sabe que, de las 201 mil 396 pistolas, revólveres, rifles y escopetas recuperadas en México en los últimos 11 años, 69.90% de ellas —140 mil 185— es de manufactura estadunidense o en algún momento legalmente importadas a Estados Unidos con un permiso federal.

UN CUARTO DE SIGLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO
El Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y Control del Tráfico de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos (GC-Armas) es, desde 1995, la instancia encargada de interactuar con autoridades de Estados Unidos en el tema del tráfico ilegal de armas.

Mediante la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada  (SIEDO) se hizo el enlace con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) para poner manos a la obra en el objetivo de inhibir el creciente contrabando de armas de EU a México.

Inicialmente la secretaría técnica del GC-Armas estuvo a cargo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que entonces era parte de la Secretaría de Gobernación.

A partir del l de diciembre de 2001, con Vicente Fox, y al crearse la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la secretaría técnica pasó a ser responsabilidad de la Policía Federal Preventiva.

De febrero de 2006 a diciembre de 2007 estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional; y a partir del 19 de diciembre de 2007, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia (Cenapi) tuvo bajo su responsabilidad a la GC-Armas.

Ahí interviene personal de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y de Seguridad Pública, además, de la desaparecida Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República.

Las instancias mexicanas trabajan en coordinación con agregados de agencias extranjeras, como ATF, Migración y Aduanas y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Según bitácoras del gobierno mexicano, el GC-Armas sesionaría cada 15 días. En esas reuniones se conocen los eventos más sobresalientes relacionados con el aseguramiento de armas de fuego y materiales afines. Ahí se proponen estrategias y hojas de ruta para tratar de evitar que sigan llegando a México armas de fuego que en Estados Unidos se comercian libremente.

El GC-Armas tiene a su cargo la Coordinación de Operaciones Conjuntas México-Estados Unidos en el tema de seguimiento, detección y detención de presuntos traficantes de armas al cruzar la frontera.

La información obtenida es acumulada en una base de datos, administrada por el Cenapi. De la colaboración conjunta se ha logrado establecer el reconocimiento del GC-Armas como el único organismo oficial del gobierno mexicano para contactos e intercambio de información, y mecanismos más ágiles, ordenados, seguros y de mayor calidad para el rastreo de armas de fuego aseguradas en el territorio mexicano, acordándose como “ventana única” y único punto de contacto oficial mexicano para solicitar rastreos al ATF.