CIUDAD DE MÉXICO, 8 DE AGOSTO.- A petición de la defensa de Rosario Robles Berlanga, el juez del reclusorio Sur aplazó para el próximo lunes su resolución para definir la solicitud de la Fiscalía General de la República de vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público en el caso que se le sigue por el caso de la Estafa Maestra.

Tras una maratónica audiencia, de más de 9 horas, en donde fiscales de la Fiscalía General y la Auditoría Superior de la Federación la acusan del desvío de 5 mil 73 millones de pesos, describieron que al interior de la extinta Sedesol había una estructura de un grupo de servidores públicos que suplantaban a funcionarios, firmas, sabían del destino de los recursos, pagos y recuperarán una parte del dinero destinados a Sedesol.

Esto de acuerdo con el testimonio de tres testigos que trabajaron para Rosario Robles durante su paso por la Sedatu y la Sedesol, los cuales indicaron que en repetidas ocasiones informaron a Robles de la falsificación de firmas y contratos, así como desvíos de recursos.

En sus argumentos la Fiscalía presentó los testimonios de José Antonino, María del Carmen Gutiérrez Medina y Marcos Salvador Infante Ibarra quienes trabajaron en la Sedatu y la Sedesol, y entre 2014 y 2018 le alertaron a Rosario Robles sobre la inconsistencia en contratos con diversas universidades, así como la falsificación de firmas, usurpación de funcionarios y de contratos a lo que Robles sólo se limitó a decirles que lo vieran con Emilio Zebadúa, el oficial mayor.

En la relatoría de cargos, los fiscales indicaron que Zebadúa los citaba en un domicilio de Polanco para decirles que todo estaba bien y que Robles estaba entrada de todos los movimientos.

Con estas pruebas de cargo, la Fiscalía pidió la vinculación a proceso, por lo que la defensa de Rosario Robles pidió al juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, la duplicidad del término para incorporar nuevos datos que demuestren la inocencia de la exfuncionaria.

De manera sorpresiva y sin consultar a sus abogados, Rosario Robles pidió la palabra para decir que si asistirá a la audiencia del próximo lunes aclarando que estaba fuera del país y que tuvo que regresar para enfrentar a la justicia.

Robles se quedó callada cuando el juez le pregunto si tenía algo que decir una vez que la Fiscalía le imputó los delitos, “guardaré silencio”.

De manera oficial, la Fiscalía General de la República, le imputó a la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, el desvío de 5 mil 73 millones de pesos durante su gestión al frente de la Sedesol y la Sedatu, por lo que busca vincularla a proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público por afectación a la hacienda pública.

Al inicio de la audiencia en la sala uno del reclusorio Sur donde Rosario Robles acudió en calidad de presentada, la defensa de la ex funcionaria federal pidió al juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que se desvincularan de las investigaciones a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), como afectada en el desvió millonario, al asegura que no era facultad de la ASF interponer denuncias, ya que la denuncia la interpuso la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y la ASF solo se sumó.

Además, pidió que la audiencia se difiera debido a que una persona relacionada con el caso solicitó y obtuvo un amparo por un juez de Chiapas, pero se negó a revelar el nombre del funcionario.

El juez de control en un tono agresivo le dijo al abogado: “No voy a permitir que tramposamente intente diferir la audiencia por un coimputado de quien además no quiere revelar el nombre, no se lo voy a permitir”.

No obstante, Fiscales de la FGR revelaron que fue Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la Sedatu y la Sedesol durante la gestión de Rosario Robles quien solito el amparo ante un juez de Chiapas.

Tras este alegato, el juez decreto que la ASF si está facultada para formar parte de la investigación, porque forma parte de la Cámara de Diputados y esta a su vez es la revisora de la cuenta pública, “por lo que la ASF sin tiene facultad para formar parte de la investigación”.

Al formular la imputación a Rosario Robles, los fiscales señalaron que servidores públicos bajo su cargo, celebraron 27 convenios con universidades del país y radiodifusoras y ella supo de estos contratos, solicitudes de pago y autorizaciones, sabiendo que esto afectaría la hacienda pública.

Señalaron que en su calidad de secretaria de Desarrollo Social y de la Sedatu, permitió que los contratos se realizaran sin licitación pública, no verificaron que tuvieran la capacidad necesaria para llevar a cabo las tareas que se les encomendó, y en casi todos los casos no existió documentación que respaldara los contratos y que los servicios se hubieran prestado.

En el expediente de casi mil hojas, la FGR señala que Rosario Robles, fue informada por el entonces auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez en junio y septiembre de 2014 y el 11 de septiembre de 2015 de las diversas irregularidades detectadas.

Señaló que José Antonio Orozco, titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu, así como María del Carmen Medina de enlace institucional, Marco Salvador Ibarra, Armando Saldaña Flores no tenían conocimiento de los pagos -por lo que se infiere que sus firmar pudieron ser falsificadas, – por los convenios que se hicieron con las universidades de Morelos, Hidalgo, Universidad de Hermosillo, Universidad Politécnica de Chiapas y el sistema quintanarroense.

Incluso señala que la ASF le envió al menos cinco oficios de las irregularidades detectadas en las cuentas públicas practicadas a la Sedesol y Sedatu durante el tiempo que fue titular.

“Estos actos irregulares, afectaron gravemente la hacienda pública federal, y usted no informo al presiente de la República Enrique Peña Nieto de esto, cuando su función como secretaria era combatir la pobreza y el desarrollo urbano territorial”, señalaron los fiscales.

Ante estas revelaciones, Rosario Robles, -quien vestía un conjunto blanco y estaba acompañada de su hija quien le daba ánimos dándole masaje en los hombros- movió la cabeza en señal de negación.

Una vea reveladas las imputaciones, la defensa de Rosario Robles encabeza por Julio Hernández pidió a la fiscalía le detallar los montos, fechas de convenio, nombres de las personas que autorizaron, y montos de los 27 convenios, a lo que los fiscales respondieron que todo estaba en la carpeta de investigación que previamente les hicieron llegar.

Sin embargo, el juez Padierna dio la razón a la defensa de Rosario, al indicar que la fiscalía debe dar a conocer la información requerida para que a partir de ahí los abogados de Robles armen su defensa.

Al final de la audiencia los fiscales dijeron al juez que no pedirían medidas cautelares para Robles, pero pudieron que le explicaran a Rosario las consecuencias de no presentarse a la audiencia del lunes a la 6 de la tarde.