La automotriz estadounidense General Motors ha confirmado una inversión de 4 mil millones de dólares con el objetivo de trasladar parte de su producción de México a Estados Unidos. La decisión se enmarca dentro de un contexto de presiones económicas, ajustes en políticas comerciales y medidas proteccionistas impulsadas por la administración de Donald Trump, que busca fortalecer el empleo manufacturero en territorio estadounidense.

Según el informe oficial de GM, la inversión estará destinada a modernizar plantas de ensamblaje en EE.UU., particularmente en Michigan y Ohio, con el propósito de reubicar líneas de producción actualmente operativas en México. Este movimiento representa un golpe estratégico, pero también un desafío para la industria automotriz mexicana, que ha sido clave en la manufactura global de vehículos durante las últimas décadas.

Expertos han señalado que este cambio podría impactar a miles de trabajadores en México, donde GM tiene una presencia significativa en ciudades como Silao y Ramos Arizpe. La decisión también genera incertidumbre en torno a acuerdos comerciales vigentes, como el T-MEC, que regula los flujos de inversión y comercio entre México, EE.UU. y Canadá.

Por otro lado, el gobierno mexicano ha respondido con un llamado a la automotriz para evaluar estrategias que mantengan empleo y crecimiento en el país. La Secretaría de Economía ha expresado su preocupación sobre los efectos que estas decisiones podrían tener en el sector automotriz nacional, además de su impacto en el mercado laboral.

Mientras tanto, la reubicación de operaciones en EE.UU. es vista como parte de una estrategia para reducir los costos asociados a los aranceles al acero y aluminio, además de calmar presiones políticas. Con esta inversión, General Motors busca adaptarse a un entorno cada vez más volátil, donde las decisiones económicas están profundamente ligadas a los cambios en el escenario político global.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Los Ángeles enfrenta una de sus semanas más turbulentas en años. Miles de manifestantes han tomado las calles en rechazo a las redadas migratorias ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han resultado en cientos de detenciones. La respuesta del gobierno federal ha sido contundente: el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines en la ciudad, una medida que ha sido calificada como una militarización sin precedentes.

Las redadas comenzaron el viernes 6 de junio, dirigidas a barrios con alta población latina. En solo un día, 121 inmigrantes fueron detenidos, incluyendo 44 en un sitio de trabajo y otros 77 en operativos domiciliarios. La indignación creció rápidamente, y las protestas se intensificaron con bloqueos de calles, enfrentamientos con la policía y denuncias de uso excesivo de la fuerza. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró un toque de queda nocturno en el centro de la ciudad para intentar contener la escalada de violencia.

El despliegue militar ha generado una fuerte reacción política. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha calificado la medida como una provocación innecesaria, mientras que activistas y defensores de derechos humanos denuncian que la administración Trump está utilizando tácticas de represión para silenciar la disidencia. La ONU ha intervenido, exigiendo que se respete el derecho a la protesta pacífica4.

Las calles de Los Ángeles siguen siendo un campo de batalla entre manifestantes y fuerzas del orden. Mientras algunos ciudadanos apoyan la intervención federal, otros la ven como un ataque directo a las comunidades inmigrantes. La incertidumbre crece, y el país observa con atención cómo se desarrolla esta crisis.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias