CIUDAD DE MÉXICO, 11 DE MARZO.- Cien días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han bastado para que diversas áreas de la administración pública cambien de rostro. No sólo se sustituyeron casi todos los puestos clave de confianza como jefes de departamentos, subdirectores, directores y gerentes, también se redujeron los salarios de los servidores públicos, se eliminaron las prestaciones de seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada, se cambiaron los horarios en algunas oficinas y en algunas dependencias ya comenzaron laborar los sábados.

De los 318 mil servidores públicos de confianza que había en la administración pública, a alrededor de 12 mil se les solicitó su renuncia, de acuerdo con los cálculos de abogados consultados que interpusieron las demandas.

Dos mil extrabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Gobernación, la SEP, Secretaría de Comunicación y Transportes, Proméxico, Relaciones Exteriores, del IMSS, ISSSTE, entre otras dependencias, decidieron interponer una demanda laboral por despido injustificado para que sean reinstalados o liquidados conforme a la Ley, a través de la firma de abogados Trusan & Roma.

Eduardo Francisco Marbán Murillo, abogado laboral de Trusan & Roma, ya está recibiendo fechas de audiencias sobre algunos casos de demandas que interpuso.

En el área de jurídico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya recibieron tres notificaciones del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por la demanda de tres exfuncionarios.

Mientras que seis mil servidores públicos optaron por ampararse, a través de Trusan & Roma, ante la reducción de salarios y la eliminación del seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada.

“Hemos presentado el juicio de amparo de unos seis mil servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública, SAT, Gobernación, Hacienda, Inai, de Agricultura, de la PGR, de la Secretaría del Bienestar, Pemex, CFE, pero lo que nos hemos encontrado es que la mayoría de los jueces están declinando competencia, llegando a retrasar este proceso hasta por un mes y medio”, aseveró Rodolfo Martínez, socio de Trusan & Roma a Excélsior.

Por el momento, la firma ha logrado la obtención de tres mil suspensiones definitivas contra el Presupuesto de Egresos y La Ley Federal de Remuneraciones.

“Aunque ya tenemos los amparos, todavía falta que las dependencias hagan efectivas las resoluciones de los jueces y dejan de aplicarles los descuentos a los trabajadores. Por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es una de las instituciones que continúa sin acatarlo”, explicó Martínez.

Estas reducciones de salarios y eliminación de seguros también están provocando éxodo de talento, sobre todo en instituciones como Pemex y CFE, hasta donde está llegando personal de la iniciativa privada a exponerles nuevas ofertas laborales.

“La desbandada fuerte se dio desde agosto y hasta fines de noviembre de 2018; pero sigue ocurriendo”, aseguró un empleado de Pemex.

Los salarios y las compensaciones no es lo único que se redujo o se eliminó, sino también prestaciones como estancias infantiles para los hijos de servidores públicos y el servicio de comedor.

En la Oficina de Presidencia de la República desapareció (el 21 de diciembre) el Centro de Desarrollo Infantil (Cendi), ubicado en Río Nazas 151 de la Colonia Cuauhtémoc y que operaba desde hacía cuarenta años al servicio de los trabajadores que tenían hijos.

El 14 de diciembre, servidores públicos se enteraron, a través de un oficio, del cierre de la escuela de hijos (en edades lactantes, maternal y preescolar), porque el nuevo “gobierno federal llegó a la determinación de que el costo-beneficio del Cendi ya no cumple con su cometido”, así que les recomendaron inscribir a los niños en las Estancias Infantiles (programa que acaba de desaparecer o a los centros del ISSSTE, donde los tiempos de espera son hasta de un semestre.

Mientras que en febrero, los trabajadores de Presidencia recibieron un comunicado para ser informados, que a partir del primero de marzo, el servicio de comedores en las instalaciones de Avenida Constituyentes 750 quedaría suspendido.

Empleados de Enlace de Presidencia, que tienen un sueldo de tres mil pesos quincenales, dijeron a Excélsior, que esto les ha provocado una gran merma a sus finanzas, pues antes tenían la posibilidad de comer por 14 pesos al día.

En la Oficina de Presidencia también cambiaron los horarios de trabajo de 9:00 a 18:00 horas de 10:00 a 20:00 horas y en lugar de checar, ahora los servidores públicos firman su asistencia en una bitácora.

Desde el 7 de diciembre, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se envió comunicado para informarles que a partir de ese momento comenzarían a trabajar los sábados.

“Solicito a ustedes que tengan a bien prever al personal de confianza adscrito a las áreas a su cargo, que sea necesario para atender las necesidades referidas a partir del próximo sábado y los subsecuentes”.

Durante los primeros días del año, en Conagua también se había anunciado la eliminación de las horas extra para los trabajadores sindicalizados y cambios de área para algunos servidores. Sin embargo, la Sección Sindical 11 logró frenar estos cambios y así lo anunció en un oficio dirigido a los empleados.

“Se les hizo ver a las autoridades que los trabajadores de tabulador general son gente responsable y trabajadora, que no son muebles y que no son piezas que se puedan mover de un lugar a otro ni a conveniencia de algunas autoridades, (…) ya que jamás permitiremos el acoso, hostigamiento y persecución hacia la base trabajadora y sindicalizada”.

Fuente Excélsior