CHETUMAL, 27 DE ENERO.- El Congreso del estado analizará la posibilidad de que dos ordenamientos para prevenir el acoso escolar y promover la sana convivencia entre estudiantes de educación básica, sean incluidos en la Ley de Educación del Estado, con el objetivo de que sean de observancia general y de que se vigile su aplicación de manera que, en todas las escuelas de ese nivel, se procure siempre la sana convivencia entre estudiantes.

La iniciativa de reforma fue presentada por los diputados Elda Candelaria Ayuso Achach y Eduardo Martínez Arcila, quienes propusieron reformar los artículos 2, 26 y 173 con el fin de que dos documentos emitidos por la Secretaría de Educación Pública federal formen parte de la Ley de Educación de Quintana Roo y no solo sean instrumento de referencia.

Estos documentos son: el “Marco para la convivencia escolar en Escuelas de Educación Básica” así como el “Protocolo para la Prevención, Actuación y Sanción en Casos de Acoso y Maltrato Escolar contra Alumnos de Educación Inicial y Básica del Estado de Quintana Roo”.

Ambos instrumentos, -el primero emitido por el gobierno federal-, fueron constituidos como dos mecanismos para atender de manera uniforme y organizada los problemas que se suscitan dentro de los planteles escolares, pero sobre todo como un mecanismo de prevención de hechos que pueden ser considerados como acoso, violencia, agresión, maltrato, discriminación, o abuso de cualquier índole.

“En Quintana Roo se han registrado casos de violencia, maltrato o agresiones en los planteles escolares que es necesario prevenir y atender. Es por eso que desde hace 10 años el gobierno federal dio paso a la creación de este marco para la convivencia escolar que se aplicó, primero, en la capital del país, y después poco a poco lo han ido adoptando diversos estados de la República.

Consideramos que en Quintana Roo estos instrumentos no deben ser únicamente un referente o una recomendación o sugerencia. La relevancia de estos hechos obliga a que ambos instrumentos para la prevención sean parte de la Ley de Educación en el Estado de manera que puedan ser observados y atendidos por todas las autoridades en la materia en la entidad, pero sobre todo que su aplicación pueda ser verificada”, expuso.

Martínez Arcila reiteró la necesidad de que ambos instrumentos se conozcan y se difundan entre los padres de familia y los propios estudiantes, pues son documentos que procuran la conciliación, la solución a problemas, la atención médica o psicológica en caso de ser necesaria, la aplicación de medidas correctivas acordes a la edad de los educandos, así como los protocolos de actuación de parte de todas las autoridades educativas.

El marco para la convivencia escolar y el protocolo para casos de acoso y maltrato escolar fueron integrados a partir de documentos internacionales como la Convención sobre los Derechos de los Niños, de la ONU y la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de ahí su importancia.

Esta propuesta de reforma fue turnada a comisiones con el fin de que sea analizada y estudiada en breve para, en caso de ser avalada, se integre a la ley y se dé inicio a su aplicación y supervisión.