WASHINGTON, 21 DE NOVIEMBRE.- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió las restricciones al asilo en la frontera con México, después que un juez federal bloqueara temporalmente esas limitaciones al considerar, de forma preventiva, que son ilegales.

“Es apropiado y legal que el asilo no sea dado a aquellos que violan una proclamación presidencial, legal y medida, que busca controlar la inmigración con base en el interés nacional”, aseguró la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, en inglés), Katie Waldman.

Las autoridades del país se han referido en reiteradas ocasiones a la concesión de asilo como una prestación que puede elegir si ofrecer o no.

“Estamos deseando continuar defendiendo el legítimo y razonado ejercicio de la autoridad del Ejecutivo para tratar la crisis en la frontera Sur”, señaló Waldman.

El pasado 9 de noviembre, Trump firmó una orden presidencial que de facto implicaba que aquellos inmigrantes que entren a EU, por la frontera con México, de forma irregular no tengan opción de pedir asilo; la medida fue adelantada por el mandatario durante la semana previa a las elecciones legislativas del día 6.

El mismo día en el que Trump suscribió la proclamación, vigente durante al menos 90 días, distintos grupos defensores de derechos humanos demandaron al Gobierno solicitando a un juez la suspensión preventiva de la regulación.

Trump y su gabinete se habían escudado en la misma prerrogativa utilizada para establecer un veto migratorio sobre países de mayoría musulmana en 2017, un paso que sí fue respaldado por el Tribunal Supremo.

El mandatario criticó la decisión del magistrado y auguró una victoria judicial en una corte superior. “Es una vergüenza. Ganaremos ese caso en el Tribunal Supremo”.

El magistrado que lleva el caso, Jon Tigar, bloqueó la orden de impedir el asilo hasta al menos el próximo 19 de diciembre, fecha en la que el juez reunirá a las partes para decidir si extiende o no la suspensión y si las partes aportan más argumentos.

La decisión del juez fue aplaudida por organizaciones defensoras de derechos humanos como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), una de las demandantes.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, criticó a la Justicia por interferir en las decisiones del presidente Donald Trump y advirtió que el Gobierno identificó a 500 criminales que forman parte de la caravana intenta entrar a ese país.

“La realidad es que la mayoría de los miembros de la caravana que vemos son hombres o chicos adolescentes. Además, hemos identificado a unos 500 criminales, incluidos algunos conocidos miembros de bandas infiltrados en la caravana”, sostuvo.

Nielsen consideró que éste “no se trata de un flujo orgánico de migrantes” y aseguró que, lejos de ser un movimiento de mujeres y niños, la caravana está compuesta mayoritariamente por hombres, algunos de ellos delincuentes.

La funcionaria aprovechó su visita a playa Imperial, en San Diego, donde comienza la frontera con México, para reprochar a la corte de San Francisco por el bloqueo al decreto de la Casa Blanca que establece que sólo se podrá solicitar asilo en los puertos de entrada al país.

Varias organizaciones de defensa de los migrantes denuncian desde hace meses que a los indocumentados que llegan a los puntos de entrada se les pide volver más tarde, y acusan que esa política se debe a un deseo de poner trabas a quienes desean pedir asilo en suelo estadounidense.

La visita de Nielsen a playa Imperial no es casual, ya que ese punto es considerado uno de los más vulnerables de la frontera, por tratarse de una salida al mar.

Fuente Informador MX