CIUDAD DE MÉXICO, 15 DE NOVIEMBRE.- El pleno del Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que será un órgano público autónomo encargado de las funciones otorgadas al Ministerio Público federal y que sustituirá a la PGR.

Con 70 votos a favor y 47 en contra se avaló el dictamen respectivo, cuya finalidad es reglamentar la organización, el funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la nueva Fiscalía como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.

La nueva ley fue respaldada por las bancadas del Morena, Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social quienes destacaron la importancia de este marco legal para abatir la impunidad en el país.

Mientras, las fracciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), PAN, PRD y Movimiento Ciudadano consideraron incompleta dicha ley, ya que el Fiscal General dependerá del titular del Ejecutivo federal.

En tribuna, la senadora Olga Sánchez Cordero, de Morena, expuso que “México requiere contar con una Fiscalía General y con un fiscal que atienda los retos que en esta materia enfrentamos día con día todos los mexicanos, en un reclamo de paz y justicia”.

“Es lamentable que en ocasiones la procuración de justicia ha sido utilizada como instrumento de persecución entre adversarios políticos. Morena defiende la Constitución y las reformas. No podemos seguir dando prioridad a negociaciones política e ignorando las necesidades del país y sin escuchar a la sociedad civil”, dijo la próxima secretaria de Gobernación.

Claudia Ruiz Massieu, senadora y presidenta del PRI, dijo que con esta reforma “no están proponiendo una nueva institución, están proponiendo una institución con otro nombre que replica las viejas deficiencias, que justamente, son las que queremos superar”.

Según la priista, “lo que urge es que el próximo presidente tenga su fiscal. Si quisieran una verdadera autonomía no tendrían una visión patrimonialista del fiscal respecto del futuro presidente. La fiscalía que proponen afecta también a la ciudadanía, porque le dificulta el acceso a la justicia”.

A su vez, Damián Zepeda, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que esta ley no garantiza la plena autonomía e independencia de la Fiscalía del Ejecutivo Federal.

“Lo que hoy se presenta a votación aquí en el Senado de la República ¿logra una Fiscalía General autónoma, independiente?, la respuesta, señoras y señores dígase lo que quieran, es no. ¿Se garantiza que no se puede imponer un fiscal carnal con este dictamen?, la respuesta es no”, apuntó.

El senador Miguel Ángel Mancera, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), criticó la reforma, pues “el fiscal puede ser removido por el presidente de la República cuando incurra en alguna de las causas graves que establece la ley” por lo que a su parecer la Fiscalía carece de autonomía porque no se establece claramente el procedimiento para dicha remoción.

De acuerdo con el dictamen, la nueva fiscalía tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos en materia de su competencia; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla.

La prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad; reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.

De acuerdo con la nueva ley, para el nombramiento del fiscal general, el titular del Ejecutivo federal formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado. Las dos terceras partes de la Cámara Alta deberán designarlo.

Durará en el encargo nueve años y sólo podrá ser removido por el Ejecutivo federal a consecuencia de conductas graves, como participar, tolerar, consentir o apoyar violaciones graves a los derechos humanos o cometer violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De inmediato y una vez aprobada en lo general, el presidente de la Mesa de la Directiva del Senado, inició el debate en lo particular. Se reservaron más de 50 artículos en la discusión en lo particular por las bancadas de oposición.

Fuente El Heraldo de México