CHETUMAL, 7 DE NOVIEMBRE.-  El Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), lleven a cabo las acciones necesarias para dar continuidad a las obras y aplicación de los recursos para la modernización del Aeropuerto Internacional de Chetumal, y se gestionen los recursos necesarios para poder concluir dicho proyecto.

En el exhorto, aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria número 23, también se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lleve a cabo las acciones necesarias que permitan la liberación y aplicación de los recursos presupuestados para la continuación del proyecto de modernización del aeropuerto capitalino, en el presente ejercicio fiscal 2018.

También se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el estudio y dictaminación del Paquete Económico 2019, destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, los recursos suficientes para la modernización del Aeropuerto Internacional de Chetumal.

El punto de acuerdo, promovido por el diputado Fernando Zelaya Espinoza, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Legislatura, señala que la modernización se requiere toda vez que el aeropuerto representa un tema de conectividad que incide de manera especial para el desarrollo económico de la región, pues a una redonda de 350 kilómetros, es la única puerta de salida aérea que tiene el sur de Quintana Roo.

La preocupación de los integrantes de la Legislatura es que hasta el momento no existen los datos suficientes que den certeza de qué fue lo que ocurrió con los recursos asignados para el proyecto de ampliación y modernización del Aeropuerto, pues hasta el momento ASA y SCT no han proporcionado información completa que permita visualizar si dicho proyecto podrá concretarse.

Cabe mencionar que las obras de ampliación y modernización fueron gestionadas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo en el mes de noviembre de 2017, a raíz del incremento en la afluencia de vuelos en el aeropuerto de Chetumal, al pasar de 209 mil 972 pasajeros en 2016 a un total de 275 mil 610 pasajeros en 2017, representando un incremento de pasajeros del 28 por ciento, de operaciones del 27.5 por ciento y de combustible del 16.8 por ciento, lo cual ha sido un justificante para generar una obra de ampliación y seguir con los trabajos realizados desde el año 2013.

“ASA mencionó que por la insuficiencia presupuestal por parte de la SHCP, se dio la cancelación del programa de operación de la empresa ejecutante, sin embargo en el mes de junio de 2018 se constató que no existe impedimento alguno por parte de la Secretaría de Hacienda para que sean realizadas las obras de modernización, razón por la cual el secretario de Infraestructura y Transporte del Estado de Quintana Roo, solicitó al titular de la SCT disponga la continuidad de las obras y concretar las mismas, así como materializar los acuerdos tomados en reuniones con ASA”, expone el documento.

Según la información proporcionada por la SCT y ASA, la modernización del aeropuerto de Chetumal considera diversas acciones con una inversión total aproximada de 236 millones de pesos en el periodo 2013-2018. De acuerdo a la información proporcionada, al 31 de diciembre de 2017 se habría ejercido la cantidad de 165 millones de pesos y derivado de ello, para el año 2018 se aprobó una inversión total de 71 millones de pesos, considerando la construcción de la torre de control, posición adicional de plataforma comercial y botaco.

En la misma sesión, a iniciativa de la diputada Sonia López Cardiel, el Congreso del Estado emitió un exhorto a los ayuntamientos de la entidad para que supervisen que los concesionarios para el manejo y tratamiento de los residuos sólidos urbanos estén cumpliendo con cabalidad las acciones establecidas mediante el plan de manejo respectivo.

El Pleno Legislativo dio entrada a una iniciativa presentada por las diputadas Leslie Hendricks Rubio, Tyara Schleske de Ariño, Santy Montemayor Castillo, Elda Candelaria Ayuso Achach, Gabriela Angulo Sauri, y los diputados José de la Peña Ruiz de Chávez, José Carlos Toledo Medina, Eduardo Martínez Arcila y Carlos Mario Villanueva Tenorio, para garantizar el acceso a la información pública que se genera en el Congreso del Estado, a toda persona con discapacidad a través de mecanismos de inclusión, como por ejemplo, la inclusión del lenguaje de señas mexicana en las transmisiones de las sesiones.

Se trata de una iniciativa por el que se reforman el artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, el artículo 15, la fracción XIV del artículo 32 recorriendo su contenido a una fracción XV que se adiciona y la fracción IV del artículo 102 recorriéndose su contenido a una fracción V que se adiciona todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.

En tribuna, la diputada Hendricks Rubio aseguró que la generación, publicación y entrega de información debe garantizar el acceso a la información pública que permita a toda persona, con o sin discapacidad, navegar en la página web del Congreso sin equipo adicional y sin costo alguno.

El Pleno del Congreso aprobó además la elección de los diputados Fernando Zelaya Espinoza y Ramón Javier Padilla Balam, como presidente y vicepresidente de la mesa directiva para el tercer mes del actual periodo ordinario de sesiones.

Finalmente, el diputado Luis Ernesto Mis Balam hizo uso de la tribuna en su calidad de presidente de la Comisión especial y temporal para la atención de la petición efectuada por el C. Mario Ernesto Villanueva Madrid.

Mis Balam señaló que, de las diligencias realizadas por la Comisión especial, se puede observar que los principales hechos imputados al ex gobernador de Quintana Roo pueden ser tachados de falsedad.

Adelantó que, en los próximos días, por acuerdo de los integrantes de la Comisión, se estará elaborando un predictamen que contiene los testimonios de personas implicadas en el caso, así como de otras documentales recabadas en las diligencias.