Venezuela en emergencia económica

Recordó que el 3 de abril de 2016, el gobierno de Venezuela emitió un decreto de Estado por excepción y de emergencia económica, con el que creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS), a fin de distribuir entre la población afiliada despensas de alimentos a precios subsidiados.

El funcionario refirió que derivado de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se detectaron operaciones inusuales en la administración de una red de empresas y personas físicas dedicadas a proveer a los ciudadanos de Venezuela de dichas despensas.

“Se aprovecharon de la carestía alimentaria”

Abundó que obtuvieron recursos desviándolos de sus fines humanitarios para adquirir alimentos y especular con ellos aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja al pueblo venezolano, a través de tres mecanismos: adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y mediante los CLAPS, revenderlos a un valor 112 por ciento superior al costo real.

Acompañado por el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Luis Alfonso De Alba; el titular de la Unidad de Inteligencia financiera de Hacienda, Orlando Suárez López, y el administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Francisco Gil Leyva, Lira Salas dijo que no sólo se trata de empresarios y personas físicas de México sino de otros países de la región como Colombia.

Detalló que a lo largo de la investigación se detectó la existencia de diversos operadores, identificados como Alex “N”, aparentemente relacionado con autoridades del gobierno venezolano; Álvaro “N”, Emmanuel “N”, Santiago “N” y Andrés “N”, quienes acuden a diversos países para contactar con otras empresas.

Derivado del trabajo realizado en coordinación con diversas dependencias del gobierno federal y de los avances en la indagatoria, el agente del Ministerio Público de la federación celebró un acuerdo reparatorio con diversas personas físicas y morales involucradas en el caso.

Imputados entregarán a ACNUR 56 millones de pesos

Así, los imputados entregarán al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tres millones de dólares, que equivalen a 56 millones pesos, los cuales serán destinados para atender el mandato de este organismo en América Latina y el Caribe.

Asimismo, se comprometen a no efectuar, por sí o por interpósita persona, ningún acto comercial con el gobierno de Venezuela o terceros, que operen o se encuentren relacionados con el envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas en aquel país, con motivo del programa CLAPS de Venezuela.

Productos alimentarios tenían como destinatarios habitantes de Venezuela

Sin embargo, al analizar que los productos alimenticios son perecederos y que tienen como destinatarios finales habitantes de Venezuela, se tomó la decisión de no impedir que las despensas fueran transportadas y entregadas a sus beneficiarios.

De lo contario, se corría el riesgo de agravar la crisis alimentaria que se vive en esa nación, de que se empalme o se aproxime la caducidad de los productos o que su entrega se realicen en condiciones no aptas para el consumo humano.

Sobre el caso, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Luis Alfonso De Alba, indicó que los venezolanos migrantes refugiados rebasan los dos millones de personas, quienes se encuentran en distintos países de la región.

Destacó que el gobierno de México trabaja con organismos internacionales y otros países para para poder atenderlos, por lo que la aportación que se hará en efectivo a la ACNUR permitirá atender a estos grupos de refugiados que están en condiciones precarias.

Fuente El Sol de México