Nacional
Generalizada, la compra de voto en este proceso electoral: Comité Conciudadano

CIUDAD DE MÉXICO, 19 DE MAYO.- El Comité Conciudadano, agrupación de la sociedad civil que hizo importantes aportaciones en elecciones pasadas, percibe un ambiente generalizado de compra y coacción del voto y reprocha que no haya “una actuación contundente para frenarlas por parte de las autoridades electorales”.
La agrupación emitió un comunicado en el que también señala que el proceso electoral en desarrollo se realiza en medio de un “debilitamiento generalizado” de las instituciones que son claves para el combate a la corrupción, para la vigilancia del uso de recursos públicos con fines electorales y para generar condiciones de certeza en la contienda.
El comunicado sostiene que estamos ante “una reedición de lo ocurrido anteriormente en particular durante las elecciones de los estados de México y Coahuila en 2017, cuando se vulneró la voluntad popular y se vivió un infierno electoral marcado por la despilfarradora compra de votos.
El Comité Conciudadano cuestiona también la inclusión de Jaime Rodríguez Calderón como candidato independiente a la Presidencia de la República, por sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
A continuación, el comunicado íntegro, que suscriben Clara Jusidman, Miguel Concha,Alberto Aziz, Alberto Barranco, Carlos Pérez, Miguel Eraña, Sergio Ramírez, Ana Saiz, Alberto Serdán, entre otros juristas, académicos y activistas:
Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018
17 de mayo de 2018
•Las campañas en 2018 enfrentan un debilitamiento generalizado de las instituciones clave para el combate a la corrupción, para la vigilancia del uso de recursos públicos con fines electorales y para generar condiciones de certeza en la contienda.
• Hay una ausencia de designaciones en varias instituciones fundamentales para garantizar el combate a la corrupción
• Se registra una vulneración de las instituciones electorales al remover a titulares incómodos o bien al ser capturadas mediante la designación de titulares, consejeros y magistrados al servicio de agendas partidistas y de poderes de hecho
• La observación ciudadana de las elecciones tanto nacional como internacional tendrá su nivel más bajo desde que fue instituida por ley.
• Los avances en la protección del uso electoral de programas sociales han sido revocados por el TEPJF y se han designado operadores políticos en áreas clave del desarrollo social.
• Se percibe un ambiente generalizado de compra y coacción del voto por todos los partidos y coaliciones, sin una actuación contundente para frenarla por parte de las autoridades electorales.
El Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018, integrado por un colectivo de personas y organizaciones que hemos observado cuatro procesos electorales federales desde hace más de diez años y elaborado propuestas de modificación al sistema electoral, hemos decidido reunirnos de nuevo porque vemos con suma preocupación las condiciones bajo las cuales se está llevando a cabo el proceso electoral en curso.
Se trata de una reedición de lo ocurrido anteriormente en particular durante las elecciones de los estados de México y Coahuila en 2017 cuando se vulneró la voluntad popular y se vivió un infierno electoral marcado por la despilfarradora compra de votos.
En materia de designaciones, a la fecha:
o No se cuenta con un Fiscal General de la República, por el contrario, se tiene a un encargado de despacho más preocupado por esconder procesos judiciales ligados al financiamiento ilícito de campañas como el de Odebrecht o por rescatar a Alejandro
Gutiérrez, presunto responsable de desviación de recursos del presupuesto del Estado de Chihuahua, que en procurar justicia en el ámbito federal.
o Tampoco se ha nombrado al Fiscal Anticorrupción y, por tanto, no se han habilitado las atribuciones y facultades que establece la ley en la materia.
o No han sido designados los nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por tanto, se ha limitado el alcance de las reformas promovidas para imponer sanciones derivadas de faltas graves (corrupción) cometidas por servidores
públicos o particulares, así como para resarcir el daño o perjuicio que sufra el erario.
o Además, la Auditoría Superior de la Federación se quedó tres meses sin titular justo al inicio de las precampañas durante el primer trimestre de 2018. Asimismo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) fue vulnerada al remover a Santiago Nieto Castillo como su titular en vísperas del arranque del proceso electoral. No escapa a la vista que ahora la persona designada como director general de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la FEPADE haya sido anteriormente Fiscal Central Jurídico del Estado de México en el contexto de las elecciones a gobernador de esa entidad federativa y que ante el cúmulo de irregularidades, éstas simplemente no se atendieron.
Los Órganos Internos de Control han sido capturados.
El caso más escandaloso es el de SEDESOL cuya inoperancia ha sido puesta en evidencia por investigaciones periodísticas como la Estafa Maestra que dan cuenta del desvío millonario de recursos por parte de la dependencia hacia universidades públicas para evitar la obligación de licitar contratos y dichas universidades entregaron recursos a empresas fantasma sin que se activaran los
mecanismos internos del control del gasto. Existe la sospecha sobre el uso de estos recursos para pagar operadores políticos en elecciones locales a favor del partido gobernante.
A ello se agrega que la anterior presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ahora es candidata a diputada plurinominal por el PRI poniendo en entredicho su presunta imparcialidad al tratar los asuntos de su dependencia. En esa lógica la opacidad del caso Odebrecht fue decretada por el INAI en tiempos de Ximena Puente, quien ahora es premiada con una candidatura.
A su vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido capturado por los partidos políticos teniendo como consecuencia la emisión de sentencias y criterios que no tutelan la democracia y, por el contrario, la menoscaban.
Un episodio, no menor, fue el rechazo por parte del Tribunal hacia los criterios del Consejo General del INE del 5 de septiembre de 2017 (INE/CG398/2017) para garantizar el buen uso de los recursos públicos y la equidad en la contienda, normando el principio de imparcialidad, el uso de la propaganda gubernamental y la operación de los programas sociales. Sobre este último punto, el TEPJF revocó medidas que impidieran la entrega de tarjetas durante el proceso electoral que impliquen el ofrecimiento de un beneficio personal directo o la incorporación a un programa social en un futuro mediato o inmediato condicionado a un determinado resultado electoral.
También se revocaron medidas para exigir transparencia en el uso de programas sociales con la publicación en tiempo real de padrones de beneficiarios, calendarios de pago y gasto ejercido, así como sus reglas de operación y el impedimento de crear nuevos programas en época electoral.
Son muy cuestionables los fundamentos usados en la decisión del TEPJF para aceptar la inclusión de Jaime Rodríguez Calderón como candidato independiente a la presidencia de la República y para haber aumentado hasta en diez veces el límite de financiamiento privado para los candidatos independientes, previamente definido por el Instituto Nacional Electoral.Finalmente, no parece haber observación internacional de todas las etapas de Proceso
Electoral sino sólo del día de la jornada. Además, el fondo para la observación electoral nacional, disminuyó en 81 por ciento en términos reales entre 2012 y 2018 para quedar en sólo 19 millones. y permitirá financiar solamente a 29 proyectos de organizaciones de la sociedad civil, lejos de las 190 financiadas en las elecciones presidenciales pasadas En esta ocasión y por primera vez, el fondo fue constituido sin la participación de la Secretaría de Gobernación.
En este marco, el debilitamiento institucional se profundiza cuando ante las evidencias de compra y coacción del voto a través del uso electoral de programas sociales, lejos de establecer mecanismos para impedirlo, se nombran a operadores políticos para facilitarlo.
Es el caso de SEDESOL donde su nuevo titular, Eviel Pérez Magaña, no cuenta con experiencia en política social sino en operación política. No es gratuito que entre sus primeras acciones estuvieran el nombrar a operadores políticos al frente de la subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, de la Coordinación de Delegaciones de la dependencia, al Abogado General, y al Oficial Mayor quien, antes de ocupar este puesto, laboró en la Secretaría de Administración y Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Esto aunado al hecho que se incrementaron considerablemente los fondos para programas sociales en las 9 entidades que tienen elección de Gobernador y que el gobierno federal gestionó préstamos por 300 millones de dólares del Banco Mundial para ampliar el programa Prospera en 2018.
Los ciudadanos nos oponemos a la actuación de autoridades y partidos en el margen de la ley con la intención de influir en las preferencias electorales de la población en situaciónvulnerable. Urgimos a autoridades y partidos a respetar la libertad del voto y a evitarcualquier tipo de violencia o coacción hacia los electores.
En suma, el proceso electoral de 2018 se encuentra vulnerado por acciones u omisiones tendientes a debilitar a las instituciones encargadas del combate a la corrupción, de la vigilancia del uso de recursos públicos con fines electorales, de su sanción y disuasión.
Desde la perspectiva del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018 la certeza e imparcialidad en la contienda está en entredicho y ello es preocupante.
Firman:
Jorge Alonso, Socorro Apreza, Ivabelle Arroyo, Alberto Aziz, Alberto Barranco, Julio Miguel Bazdresch, Angélica Carrasquedo, María Enriqueta Cepeda, Miguel Concha, Miguel Eraña, Aidé García, Vanessa González, Eduardo Huchim, Clara Jusidman, Santiago Nieto, Joaquín Osorio, Ivet Pérez, Carlos Pérez, Sergio Ramírez, Ana Saiz, Alberto Serdán, Mónica Tapia, Francisco Tortolero, Enrique Valencia, Marcela Velázquez.
FUENTE ARISTEGUI NOTICIAS
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Nacional
GINO SEGURA Y SECTUR DEFINEN AGENDA TURÍSTICA RUMBO AL MUNDIAL 2026

Ciudad de México, 8 de agosto de 2025.— En vísperas del próximo periodo ordinario de sesiones, el senador Eugenio “Gino” Segura sostuvo una reunión estratégica con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, para delinear los temas prioritarios que marcarán el rumbo del sector turístico nacional.
Como presidente de la Comisión de Turismo del Senado, Segura presentó propuestas clave para fortalecer el desarrollo turístico, destacando el impulso al turismo comunitario como motor de inclusión y desarrollo local. Asimismo, se abordaron acciones preparatorias para el Mundial de Futbol 2026, evento que representa una oportunidad histórica para posicionar a México como destino global.
Durante el encuentro, también se discutieron mejoras en la atención al turista internacional y el estado de la infraestructura carretera, elementos esenciales para garantizar una experiencia segura y de calidad.
Ambos funcionarios refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada, respaldados por el gobierno federal, para cumplir los objetivos trazados por la presidenta Claudia Sheinbaum en beneficio de Quintana Roo y del país.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Nacional
GOBERNADOR DE TABASCO ACUSA A EXJEFE POLICIACO DE LIDERAR CÁRTEL VINCULADO AL CJNG

La crisis de seguridad en Tabasco alcanzó un nuevo punto crítico tras las declaraciones del gobernador Javier May Rodríguez, quien acusó públicamente al exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena —conocido como “Comandante H”— de encabezar el grupo criminal La Barredora, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal aseguró que existen elementos suficientes para vincular a Bermúdez Requena con actividades delictivas, incluyendo protección a células criminales, manipulación de operativos y desvío de recursos públicos. “No podemos permitir que quienes juraron proteger a la ciudadanía estén al servicio del crimen organizado”, afirmó May Rodríguez.

La Barredora ha sido señalada por autoridades federales como una organización violenta que opera en el sureste del país, dedicada al narcotráfico, extorsión y secuestro. La supuesta relación directa entre este grupo y un exfuncionario de alto nivel ha encendido las alarmas en la entidad, donde los índices de violencia han repuntado en los últimos meses.
El gobernador pidió a la Fiscalía General del Estado actuar con firmeza y transparencia, y llamó a la ciudadanía a no normalizar la infiltración del crimen en las instituciones. “Tabasco merece seguridad, justicia y servidores públicos comprometidos con el bien común”, concluyó.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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