CANCÚN, 11 DE MAYO.- Más de de cuatro millones de pesos sería la multa para el propietario de un predio clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en un ejido del municipio de Bacalar, debido a que no exhibe la autorización de impacto ambiental para remover manglar.

La Procuraduría dio a conocer que impuso la medida de seguridad a un terreno ubicado en terrenos del ejido Aarón Merino Fernández por remoción de vegetación de humedal lagunar costero sin tener el permiso de impacto ambiental que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Durante una visita al lugar, los inspectores requirieron al responsable de la remoción que presentara la autorización; sin embargo, no fue exhibida. Ante la falta de la documentación y para evitar que continuara el daño grave a los recursos naturales, se procedió imponer la medida de seguridad colocando al efecto un sello con la leyenda “Clausurado”.

La medida de seguridad se mantendrá  hasta en tanto se acredite contar con la autorización en materia de impacto ambiental para las actividades realizadas en un ecosistema de humedal lagunar costero, principalmente con presencia de vegetación de manglar, que afectaron una superficie total de 228 metros cuadrados.

En el sitio se observó vegetación en pie de ejemplares aislados de mangle botoncillo (Conocarpus erectus), asociados con zacate cortadera (Cladium jamaicense); asimismo, se detectó la poda de siete ramas de manglar, y residuos vegetales, principalmente de zacate.

Al momento de la inspección no se realizaba algún trabajo en el sitio, y el visitado señaló que la remoción de vegetación fue en octubre de 2017. El área donde se ubican los trabajos descritos está en etapa de regeneración natural, observándose ejemplares aislados en pie de mangle botoncillo,  principalmente.

El responsable de la remoción de vegetación característica de humedal costero podría hacerse acreedor a una multa que va de 30 a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigentes (80.60 pesos); es decir, tendría que pagar entre dos mil 418 y cuatro millones 033 mil pesos.

Además, la clausura temporal o definitiva, total o parcial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 171, fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) para garantizar la conservación y el cuidado del medio ambiente.

Carlos Águila Arreola