CIUDAD DE MÉXICO, 7 DE MARZO.- El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, se mostró hoy preocupado por la nueva Ley de Seguridad Interior adoptada en México, que autoriza a las Fuerzas Armadas ejercer tareas de seguridad pública “sin garantías o supervisión” y que “no cumple los estándares de derechos humanos”.

“Me preocupa que una nueva Ley de Seguridad Interna autorice el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin las garantías adecuadas ni supervisión”, señaló el jordano en la presentación de su informe anual ante la trigésima séptima sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Zeid añadió que la ley, que otorga a las Fuerzas Armadas un papel fundamental a la hora de velar por la seguridad interna, un rol reservado tradicionalmente a la Policía, “no cumple los estándares internacionales de derechos humanos”.

El alto comisionado de la ONU se mostró preocupado por que la “sistemática detención de inmigrantes y su devolución acelerada se haya convertido en la norma y socave gravemente las garantías del debido proceso y la protección del principio de la no devolución”, que prohíbe deportar a una persona a un lugar en el que su vida y libertades puedan estar en peligro.

El alto comisionado anunció además que en los próximos días publicará un informe sobre “elementos de la investigación” sobre la desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa.

La versión oficial señala que los 43 estudiantes fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala, municipio del sureño estado de Guerrero, quienes los entregaron a un grupo criminal que los asesinó, incineró sus cuerpos y arrojó sus cenizas a un río.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México enfatizó el martes que deben agotarse todas las líneas de investigación, tras el anuncio de la Fiscalía de que tiene pruebas sobre el móvil del crimen.

A su vez, Zeid saludó la entrada en vigor de nuevas leyes en México contra la tortura en junio pasado y en enero de este año contra las desapariciones forzadas.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo además que quiere asistir a las autoridades mexicanas en la implementación pronta y eficaz de estas leyes, con la participación plena de la sociedad civil y de víctimas.

Por último, urgió a México a “crear una Oficina del Fiscal General eficaz e independiente”.