TULUM, 26 DE FEBRERO.– La presidenta municipal, Romalda Dzul Caamal, cuenta con 10 días para cumplir con la sentencia dictada el año pasado, en la que debe restituir el daño generado al Club Akumal Caribe (CEA), lo que implica despejar su propiedad de ambulantes, incluso con la fuerza pública, para entregar esta propiedad a este hotel.

El gobierno anterior, en sesión de Cabildo, ordenó abrir un acceso público a la playa a través de lo que el Club Akumal Caribe argumenta es su propiedad privada, incluso violentando su derecho de audiencia. Con uso de maquinaria y presencia policiaca, se destruyó barda perimetral y dañó mobiliario.

Através de un recurso de amparo interpuesto, se sentenció, en junio del año pasado, revocar esa sesión de Cabildo, restituir a la parte quejosa su propiedad afectada e instaurar un debido proceso para atender los reclamos ciudadanos sobre esta materia.

Sin embargo, la administración de Dzul Caamal se ha negado a cumplir con la entrega del predio despojado, dejando esto en manos del particular, pese a que la zona está ocupada con ambulantes y ellos no son autoridad para retirarlos.

Esto fue presentado ante el juez quinto de distrito, con sede en Cancún, Ciro Carrera Santiago, que determinó que el fallo no se ha cumplido, al no existir reparación integral ante violaciones a los derechos humanos la restitución del derecho vulnerado.

Por ello, se ordena “a fin de restituir adecuadamente a la parte quejosa, respecto de la parte de su bien inmueble afectado, el estado que guardaba antes de la resolución reclamada, se ordene, como medida pertinente a fin de restituirlo, el auxilio de la fuerza pública con el objeto de entregar dicho inmueble libre de personas y bienes ajenos a la propiedad de la parte quejosa”.

“En la inteligencia que, dicho auxilio será prestado hasta en tanto se logre el cierre de la parte apertuada, por conducto de la parte quejosa, con el fin de salvaguardar el orden público y se materialice el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.”

El gobierno municipal cuenta con 10 días, a partir de su notificación, para cumplir con lo ordenado, debiendo remitir constancias que acrediten la reparación del daño “en la inteligencia de que para ello cuenta con los medios de apremio previstos por la ley para hacer cumplir con sus determinaciones”.

El Ayuntamiento quedó exento de restaurar el mobiliario dañado durante la apertura del acceso, ocurrido en 2013, ya que los daños fueron cometidos por la ciudadanía.

Javier de Anda, representante legal de los hoteleros de Akumal, había advertido previamente que el municipio incurría en desacato al no querer entregar el predio y, al contrario, querer lanzarlos a ellos al peligro que sería pretender desalojar a los ambulantes y cerrar la zona.

Ahora que se cuenta con una orden expresa de un juez y un plazo de 10 días para su cumplimiento, de continuar Romalda Dzul en su negativa, podría ser destituida de su cargo, al ser atraído el caso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

FUENTE AGENCIA SIM

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