CIUDAD DE MÉXICO, 2E DE FEBRERO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la PGR cinco nuevas denuncias penales, por el presunto desvío de mil 919 millones 825 mil 500 de pesos detectado en cuentas públicas de 2012, 2013 y 2014.

Estas denuncias penales evidencian irregularidades en programas federales, como el Seguro Popular, el de Fortalecimiento a Municipios y en la nómina de los maestros del país.

Además, estas querellas presentadas el 31 de enero, se suman a las 907 que la ASF ha iniciado ante la PGR desde 1998, de las que no hay resultados hasta el momento.

De estos cinco casos, el gobierno de Tabasco enfrenta la mayor acusación por el manejo irregular de la nómina magisterial en 2012, pues la ASF reporta un daño económico de mil 479 millones 218 mil 500 pesos en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

En este caso, las principales problemáticas detectadas son: pagos indebidos a maestros que cuentan con licencia sin goce de sueldo, personal que causó baja o que está en comisión sindical.

En Morelos, la ASF detectó en la Cuenta Pública 2012 un probable daño a la Hacienda federal de 376 millones 471 mil 100 pesos, en fondo destinado al Seguro Popular.

Aquí se utilizó más de una cuenta bancaria para la administración de los recursos, lo que dificultó su identificación para efectos de comprobación y fiscalización de los recursos.

Las otras tres denuncias son contra los municipios de San Luis Potosí; Tumbalá, Chiapas; y Santiago Amoltepec, Oaxaca.

En 2013, el gobierno de Oaxaca entregó 5 millones 871 mil 100 mil pesos al municipio de Santiago Amoltepec, dentro del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, pero esta alcaldía no pudo transparentar el gasto de todo el recurso

En 2014, la alcaldía de San Luis Potosí tampoco pudo com- probar el recurso que recibió por el concepto de “fortalecimiento municipal” y en este caso, la ASF determinó recuperaciones probables por 24 millones 488 mil 700 pesos.

“El municipio de San Luis Potosí no realizó una gestión eficiente ni transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las De- marcaciones Territoriales del Distrito Federal, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos ni metas”.

Fuente El Heraldo de México