CANCÚN, 19 DE FEBRERO.-Como parte de una sociedad es importante contar con la colaboración de profesionistas comprometidos no sólo con sus labores sino con todo lo relacionado al entorno en beneficio del ambiente que los rodea, siendo de esta manera y en materia de legalidad el Consejo de Licenciados en Derecho dio a conocer a través de su presidente la siguiente información de interés público.

Los socios del Honorable Consejo de Licenciados en Derecho, Juristas y Litigantes Del Estado de Quintana Roo, colegio de Abogados #31 Vivimos con pasión y amor el ejercicio de nuestra profesión, con ello refrendamos cada día nuestro compromiso con el conocimiento que debe ser siempre compartido, por esa razón es importante reflexionar acerca de una conducta delictiva que aveces se justifica o por ignorancia dicha conducta queda impune.
El abandono de persona previsto en el código penal federal en el Artículo 335. .- Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, sí no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido.
Artículo 339. .- Si del abandono a que se refieren los artículos anteriores resultare alguna lesión o la muerte, se presumirán éstas como premeditadas para los efectos de aplicar las sanciones que a estos delitos correspondan.

Del análisis de estos artículos, es indispensable recordar que existen algunas profesiones como la docencia con menores de edad y los profesionales de la medicina, en materia de salud donde estas actividades hacen que el supuesto jurídico puede materializarse, dejando a las Víctimas en estado de indefensión, al no poder denunciar dichos actos delictivos; es muy importante recordar a dichos profesionistas que la capacitación en materia penal se hace indispensable en el ejercicio de sus profesiones a luz de las reformas en materia de derechos humanos. El único objetivo es garantizar un trato digno a los menores de edad, a las personas con capacidades diferentes, personas en desgracia, accidentados y enfermos o pacientes, que están en el supuesto jurídico que el legislador previo en dicho ordenamiento. Proteger la vida, la salud y la seguridad personal es el camino que sigue la ley y lo que la sociedad espera y exige.

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