CIUDAD DE MÉXICO, 9 DE FEBRERO.- Rafael González, “El Teniente Meza”, exdirector de la Fuerza Civil y exintegrante del Ejército Mexicano, acusado de la “desaparición forzada” de 15 personas en Veracruz durante el sexenio del priista Javier Duarte, planeaba poner junto con su pareja sentimental un próspero bar en el corazón de la Riviera Maya.

Ya tenían los permisos del Ayuntamiento de Solidaridad, la renta del inmueble en la Avenida 24, entre Primera y Quinta, cerca de la plaza Quinta Alegría, una de las más boyantes de Playa del Carmen, habían adquirido muebles para su decoración y contratado a Esteban Casas Bravo como Barman del lugar, cuando fueron detenidos por una veintena de elementos de la Policía Ministerial de Veracruz y de la Fiscalía General de Quintana Roo.

Al igual que “El Teniente Meza”, otros funcionarios del sexenio pasado, como el propio Javier Duarte y el exsecretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez -ambos en prisión-; adquirieron inmuebles en esta próspera región del Caribe Mexicano.

En su legalización de detención en la audiencia inicial, González Meza se quejó que fue detenido, sin que se le mostrara la orden de aprehensión y con lujo de violencia.

“Había terminado de comer con mi familia y con un empleado y amigo de la familia (el Barman, Esteban Casas), cuando vimos varios civiles armados que con golpes y empujones nos pidieron tirarnos al suelo”, fustigó “El Teniente Meza”.

En su audiencia inicial, el imputado no explicó por qué había cambiado de lugar de residencia, ni tampoco de dónde obtuvo los recursos para invertir en esta lujosa zona; incluso, su hermano, Ramón González Meza, presentado como “testigo” de vejaciones a derechos humanos del imputado y su familia, cayó en contradicciones al asegurarle a la Juez de Control, Alma Leyda Sosa, que su hermano residía en Campeche.

En la serie de mandatos judiciales presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) se legalizó la detención de Rafael González “El Teniente Meza”, mientras que a Arturo “Capitán Tormenta” Bermúdez y a Óscar Sánchez Tirado simplemente se les ratificó su prisión preventiva, mientras que a los 16 policías estatales, durante la noche del 7 y madrugada del 8 de febrero, su desahogo de documentales para legalizar su detención continuó durante la madrugada de este viernes.

El jueves por la tarde, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) seguir acumulando datos de prueba para que los 19 policías estatales -entre ellos tres mandos- imputados por el delito de desaparición forzada “nunca salgan de prisión”.

En un mensaje transmitido por Radio Televisión de Veracruz, Yunes aseguró que hay “elementos suficientes” que acreditan que estos “policías corruptos” estaban al servicio de la delincuencia organizada.

Yunes resaltó que “pese a las críticas” en contra del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler, hoy ya están en prisión el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez; el exdirector de prevención y reinserción social, Óscar Tirado Sánchez; el exdirector de la Fuerza Civil, Roberto González Meza; y 16 elementos operativos.

“Mientras lo criticaban injustamente (en alusión a Colectivos de Desaparecidos y prensa) el fiscal trabajaba para acreditar que policías y malos mandos privaron de la libertad y del derecho a vivir a muchas personas”, dijo.

Yunes Linares admitió que se encuentra prófugo de la justicia el exsubsecretario de Seguridad Pública, Nabor Nava Holguín, cuyas casas en Xalapa y Veracruz fueron cateadas ayer. Hoy el gobierno ofreció un millón de pesos para quien coadyuve a dar con su paradero y aprehensión.

“Hoy tenemos resultados. Hemos dado un gran paso para el restablecimiento del estado de derecho, este gobierno no está al servicio de delincuentes”, presumió Yunes.

Entre los 16 policías detenidos, la mayoría se encontraban en activo, destaca la detención del comandante de la Fuerza Civil, José López Cervantes.

Afuera de la Sala de Juicios Orales 2, representantes y familiares de los Colectivos de Desaparecidos llegaron anoche al lugar para exigir justicia por sus familiares desaparecidos.

En el enrejado del inmueble judicial colocaron una veintena de lonas con los rostros de sus seres queridos desaparecidos.

En el inmueble de la Sala de Juicios Orales 2 se tuvieron que ocupar tres hileras para sentar a los imputados. En primera fila, Bermúdez Zurita, Tirado Sánchez y González Meza.

La audiencia inicial tuvo que ser suspendida por tres horas, pues los defensores de los oficiales se quejaron de que la orden de aprehensión y la carpeta de investigación no les fue girada con la antelación debida.

Son 16 oficiales ataviados en el uniforme carcelario naranja, tres de blanco, porque las casacas en ese color ya no alcanzaron.

Fuente Proceso

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