BRASIL, 24 DE ENERO.- La imagen que obsesiona a Brasil desde hace meses, la del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva entrando en la cárcel, está un poco más próxima. El líder izquierdista sufrió este miércoles un durísimo revés judicial después de que tres magistrados de un Tribunal de Porto Alegre no solo ratificasen por unanimidad su condena por un delito de corrupción sino que incluso aumentasen la pena de 9 a 12 años de prisión. Lula tendrá muy difícil llegar a las elecciones presidenciales del próximo octubre, para las que era el candidato favorito, y queda bajo la amenaza de ir a la cárcel en las próximas semanas.

Los mercados reaccionaron con euforia a la decisión judicial y la Bolsa de São Paulo se disparó. Mientras, el Partido de los Trabajadores (PT) anunció en una nota que Lula sigue siendo su candidato y denunció que su condena es una maniobra “golpista” de los mismos sectores políticos, judiciales y mediáticos que el año pasado impulsaron la destitución de la anterior presidenta, Dilma Rousseff. Militantes del PT se están manifestando en el centro de São Paulo, la mayor ciudad del país, en un acto en el que se espera la comparecencia del propio Lula.

Casi todo el mundo en Brasil, incluidos los seguidores de Lula, contaba con una derrota judicial del expresidente en Porto Alegre, pero el desenlace fue más allá de lo esperado. Los miembros del tribunal de apelación fueron unánimes y acabaron incluso endureciendo la sentencia emitida el pasado julio por el juez Sérgio Moro, cabeza visible de la mayor investigación por corrupción en el país y a quien Lula siempre ha atribuido intenciones políticas.

La sentencia también implica que Lula, a quien todas las encuestas sitúan con una amplia ventaja para las elecciones de octubre, quede declarado inelegible. El líder del PT puede presentar un recurso para aplazar la ejecución de las penas ante el mismo tribunal que le ha condenado. Se trata de una solicitud de explicación de la sentencia y los tres magistrados ya han anunciado que, tras ese trámite, pedirán que la pena se ejecute de inmediato. A Lula le quedaría entonces la última bala, pedir el amparo del Tribunal Supremo.

Los magistrados avalaron los argumentos del juez Moro para concluir que Lula recibió un apartamento triplex en una playa del litoral de São Paulo como un soborno de la constuctora OAS, beneficiaria de contratos de la petrolera pública Petrobras. Los jueces rechazaron las alegaciones de la defensa de que ni Lula ni su familia llegaron nunca a ocupar la vivienda y que de hecho no existe ningún documento que pruebe que el expresidente es su propietario. Pero los magistrados replicaron que hay numerosas pruebas de que el inmueble estaba reservado para la familia de Lula y que incluso se realizaron obras de reforma en él para adaptarlo a las solicitudes de sus futuros ocupantes. El tribunal, como antes había hecho Moro, dio también toda la credibilidad a la confesión premiada del expresidente de la constructora OAS Leo Pinheiro, quien desveló el acuerdo para regalar el apartamento a Lula.

“La OAS fue el testaferro del verdadero titular del inmueble [Lula]”, sentenció el magistrado João Pedro Gebran Neto, quien también consideró que existen “pruebas más allá de lo razonable de que el presidente fue uno de los principales artífices, sino el principal” del sistema de corrupción creado a través de los contratos de la Petrobras. Ese sistema, según los jueces, implicaba el pago de sobornos para financiar al PT y hacer favores personales a algunos de sus dirigentes. Otro de los jueces, Lenadro Paulsen, argumentó que Lula estaba perfectamente al tanto de los acuerdos para el pago de comisiones ilegales por parte de las contratistas de la petrolera.

Tanto los magistrados como la fiscalía insistieron en negar que el proceso tenga un carácter político, como vienen denunciando Lula y sus seguidores. “No juzgamos al hombre o al personaje, reconocido estadista, si no a quien cometió delito”, señaló Gebran Neto, quien, no obstante, insistió en que los crímenes son más graves por el hecho de que fuesen cometidos por una persona que fue presidente de la República, ya que eso supone una “desestabilización del orden democrático”.

El fiscal, Mauricio Gotardo, criticó también duramente la campaña del PT para denunciar el juicio contra Lula, con protestas públicas que se han repetido en los dos últimos días en Porto Alegre. El representante del ministerio público denunció que el PT creó una “tropa de choque” que usó prácticas “próximas al delito de coacción” con el único propósito de “perpetuar un proyecto político personal”.

La larguísima sesión del tribunal, de más de seis horas, fue retransmitida por televisión e Internet a un país expectante ante una decisión crucial para su futuro político. Esa sensación se trasladó a las calles de algunas ciudades, comenzando por Porto Alegre, donde miles de militantes del PT habían empezado a llegar el lunes para defender a su líder. Mientras el tribunal leía la sentencia, Lula acudía a sus orígenes, al local del Sindicato de Metalúrgicos de São Paulo, donde comenzó a fraguar su liderazgo. Su futuro parece cada vez más incierto, pero la víspera ya había avisado: “Solo una cosa me va a sacar de hacer lo que estoy haciendo: el día que me muera”.